Inequidad de la gratuidad, las contradicciones de un anuncio

El último ranking QS Top Universities, reveló que trece universidades chilenas figuran entre las 100 mejores de Latinoamérica. Esto deja a Chile como el cuarto país con más planteles dentro del ranking, superando a todos nuestros vecinos.

La educación superior chilena no es la misma de los años 70 u 80. Mientras en 1983, registraba 160 mil alumnos, hoy alrededor de un millón 200 mil estudiantes inspiran sus sueños y el de sus familias en alguna Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica. Muchos provienen de sectores socioeconómicos carenciados y según registros CASEN, en los últimos cinco años, se duplicó el porcentaje de estudiantes del primer quintil.

…parece injusto que a dos familias que viven una junto a la otra, con igual cantidad de hijos y similares condiciones socioeconómicas y académicas, Chile no les dé las mismas posibilidades para educar a sus hijos…

Cuando debatimos su futuro, el ranking QS Top Universities 2014, reveló que trece universidades chilenas figuran entre las 100 mejores de Latinoamérica y el primer lugar es ocupado por la Pontificia Universidad Católica. Esto deja a Chile como el cuarto país con más planteles dentro del ranking, superando a todos nuestros vecinos.
Pese a ello, la Presidenta ha enarbolado una iniciativa de gratuidad para el año 2016 que parece apresurada y carente de profundidad de análisis; calificada incluso de injusta y discriminatoria con los propios estudiantes, pues beneficiará a un grupo por sus condiciones socioeconómicas, pero que no podrá hacer uso de él si es que no estudian en una universidad del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, en un Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica elegible.
A todas luces parece injusto que a dos familias que viven una junto a la otra, con igual cantidad de hijos y similares condiciones socioeconómicas y académicas, Chile no les dé las mismas posibilidades para educar a sus hijos tan sólo por la condición jurídica de la institución en que estudian; obligándolas a endeudarse o hipotecar su bienestar por que, eventualmente, han decidido otorgar una mejor educación a sus hijos o que las instituciones elegibles no impartan la carrera en la ciudad donde residen.
Tampoco es convincente ni eficiente utilizar un instrumento como la Ley de Presupuesto para resolver la promesa de gratuidad durante el 2016, pues los temas de la reforma de la educación superior –incluido su financiamiento- deben estar contenidos en proyectos de ley específicos para ese propósito.
Queda una sensación de apresuramiento e improvisación, quizás con un afán de calmar las expectativas ciudadanas, cumplir compromisos políticos o sólo por generar anuncios. Cualquiera sea el caso, afectará a miles de familias que probablemente confiaron en que este gobierno se haría cargo de las desigualdades de las que tanto se habla, pero que finalmente no resolverá y eventualmente profundizará.