Asegurar la Calidad de la Educación Superior

Hace algunas semanas se constituyó la nueva Comisión Nacional de Acreditación (CNA), de conformidad con la ley 21.091 que reformó la institucionalidad de la educación superior chilena. Uno de los propósitos de esa ley es asegurar y mejorar la calidad de la nuestra educación terciaria, mediante una acreditación obligatoria e integral, en cinco dimensiones: Gestión institucional, Docencia, Aseguramiento interno de la calidad, Vinculación con el medio e Investigación e Innovación (esta última optativa).

La nueva CNA debe dictar las normas reglamentarias sobre las dimensiones de evaluación y el modo de efectuar la Acreditación Integral, seleccionando una muestra intencionada de carreras y programas, así como los criterios y estándares correspondientes. Para lo último está en marcha un proceso de consulta con las instituciones de educación superior (IES).

Un primer problema interpretativo tiene que ver con el nuevo componente evaluativo que introduce la Ley: ¿Qué es un “estándar”? ¿Es lo habitual, la media del sistema, o un patrón o modelo ideal que se debe alcanzar? Los estándares, ¿estarán referidos a los tres niveles de acreditación (básica, avanzada y de excelencia)?; ¿o solo serán una guía para orientar una decisión todavía discrecional de CNA? En fin, ¿serán sensibles a diferentes tipos de IES y a la diversidad del sistema de educación superior?

El Senado está discutiendo (en segundo trámite) una “ley corta” que extiende algunos plazos para la implementación del nuevo modelo de acreditación, en particular, prorroga en 9 meses la aprobación de criterios y estándares (para septiembre de 2020) y genera un espacio de ajuste de 24 meses para iniciar su aplicación. Es prácticamente imposible aplicar nuevos criterios y estándares, validados con la comunidad académica, en enero de 2020 como establece la ley vigente.

Con todo, subsistirán otros problemas en la aplicación de la ley 21.091. Las IES no acreditadas deberán someterse a la acreditación institucional obligatoria a partir de 2020, según un calendario que elaborará CNA; algunas deberán hacerlo con las pautas y criterios vigentes, en tanto que otras lo harán con nuevos criterios y estándares, más exigentes. Desde 2020 comenzarán a regir las nuevas dimensiones de acreditación, en especial el sistema interno de aseguramiento de la calidad; sin embargo, es dudoso que ello pueda hacerse exigible sin los criterios y estándares correspondientes. La ley suspende la acreditación de carreras como mecanismo (hasta 2025) y, en tanto, propone una acreditación integral que abarcará la totalidad de las sedes, funciones y niveles de programas formativos de la IES, que fueren seleccionados por la Comisión para tal efecto. Otra vez, ello pierde sentido sin los nuevos criterios y estándares, relativos a insumos, procesos y resultados.

En fin, desde 2020 deberían otorgarse acreditaciones en tres niveles:  6 o 7 años para la acreditación de excelencia, 4 o 5 años en la acreditación avanzada y 3 años en la acreditación básica. No obstante, según la ley, ese plazo se basa en el cumplimiento de los criterios y estándares, que no estarán vigentes.

Todo ello genera un escenario complejo para las IES que deben acreditarse en los próximos dos años, en condiciones de incertidumbre (mientras la nueva CNA adopte definiciones, operacionalice y comunique sus interpretaciones de la normativa legal). La clave, me parece, estará en que todos los actores del sistema examinen y permanezcan fieles al propósito de esta práctica (la de autoevaluarse y someterse al escrutinio de pares académicos), para que ella contribuya efectivamente al mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior chilena. Según ese propósito, son las propias IES las que deben garantizar la calidad en la implementación de su proyecto educativo (el logro de una experiencia de acceso, progresión y titulación exitosa para el estudiante), en concordancia con su misión y propósitos, sobre la base de la aplicación sistemática de un conjunto de procesos y mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad, y el análisis de sus resultados, con miras a retroalimentar sus políticas y el diseño de sus programas.