Facultad de Derecho realiza Seminario Internacional sobre medioambiente y compra pública estratégica

Frente a una gran asistencia de estudiantes de pregrado y postgrado, la Facultad de Derecho de la UST llevó a cabo el Seminario Internacional Medioambiente y Compra Pública Estratégica, que tuvo como finalidad generar un diálogo entre académicos, alumnos y público general del área del Derecho Público.

El evento contó con la participación de un panel de expertos compuesto por el  Dr. José Pernas García, profesor titular de la Universidad de La Coruña, España; la Dra. Iris Vargas Delgado, académica de la UST; y el Dr. Enrique Díaz, profesor de la Universidad de Sevilla. Cabe destacar que tanto el Dr. Pernas como el Dr. Díaz forman parte de la Red Iberoamericana de Contratación Pública. En tanto, el espacio estuvo moderado por la Dra. Daniela Méndez Royo, directora del Magíster en Derecho Público de la UST.

La actividad fue iniciada por el decano Aníbal Rodriguez Letelier quien subrayó la línea del Derecho Público, especialmente de la Contratación Pública, como uno de los ejes fundamentales en la formación de los estudiantes de la UST. “La contratación pública adquiere una relevancia fundamental y la hemos ido desarrollando con mucha fuerza y claridad en las distintas áreas del Derecho”, expresó.

Contratación pública como herramienta de cambio

El Dr. Enrique Díaz inició el panel subrayando que la contratación pública es un sistema de aprovisionamiento de bienes, servicios y obras para satisfacer las necesidades de la sociedad bajo un punto de establecimiento de limites políticos y jurídicos que determinan el actuar de la administración. Para el Dr. Díaz, este sistema de abastecimiento debe darse en el marco de un modelo de convivencia que integre criterios ambientales que regularice las compras públicas. “Chile ha ido optando paulatina y progresivamente por incorporar ciertas normas que van avanzando hacia un sistema de mayor protección, no solamente de los derechos fundamentales de los trabajadores, sino también del medioambiente”, dijo el académico. Además, destacó que no hay otra actividad social público o privada que alcance un impacto económico superior que la contratación pública.

“El Estado es el principal agente económico de un país a través de la contratación pública”, agregó.

De esta manera, la contratación pública estratégica surge como un modelo destinado a utilizar eficientemente los pocos recursos públicos para maximizar la calidad de vida y mejorar los derechos de las personas. “Y en este sentido la contratación pública estratégica en el ámbito medioambiental impacta directamente”, señaló. En este respecto, el invitado puso de relieve la necesidad de incorporar medidas urgentes y críticas en la sociedad para cambiar la forma del modelo.

“Es una política de estado y el derecho es una herramienta de cambio y de justicia social destinada a la preservación del planeta”, finalizó.

Por su parte, la Dra. Iris Vargas enfatizó en el derecho administrativo y los principios orientadores de la contratación pública y su relación con el ámbito medioambiental, entre ellos el principio de mutabilidad y el de equilibrio financiero.

“En cuanto al principio de mutabilidad, este permite la modificación unilateral del contrato por parte de la administración y que obedece a la necesidad de un interés público”, explicó.

El impacto de una modificación de este tipo se observa en un desequilibrio de las prestaciones que originalmente se pactaron, dando lugar al mecanismo del principio de equilibrio financiero encargado de otorgar compensaciones en caso de que esa modificación signifique mayores gastos para el contratista.

Respecto del principio de equilibrio financiero, una de sus expresiones es a través del concepto de fuerza mayor. Para ejemplificar este punto la académica de la UST se refirió a los dos años de pandemia que hicieron que, en muchos contratos de la administración, se haya debido invocar la fuerza mayor para proteger la salud y la vida de las personas.

Compra pública verde en la Unión Europea

En tanto, la intervención del Dr. José Pernas García se centró en la perspectiva de la compra pública verde en la Unión Europea (UE) y su marco jurídico integrado, dando cuenta del avance del enfoque obligatorio durante dos décadas. “La contratación pública estratégica se ha concebido desde 2001 como un uso de capacidad de compra (…) la compra pública verde está orientada como una estrategia de impulso de sectores más competitivos y desarrollo de empresas en el ámbito ambiental y también con objetivos de naturaleza económica”, expresó el Dr. Pernas. De esta manera,

“las políticas climáticas no son solo un apoyo de objetivos ambientales, sino son la base del modelo de desarrollo socioeconómico de la UE. La UE depende de forma notable de la importación de materias primas y el uso eficiente de los recursos es fundamental”, enfatizó.

El profesor de la Universidad de La Coruña se refirió a la evolución de la compra pública verde desde su aprobación en 2001, pasando por la denominación de las normas europeas en materia de contratación pública en 2014, “esas directivas por primera vez hablan del medioambiente como un objetivo no secundario, sino que central”. También, se refirió a la estrategia de desarrollo económico de la próxima década de la Unión Europea, la que se selló con la aprobación del “Pacto Verde” en 2019.

“Hoy en día la importancia de la perspectiva medioambiental ya no es un elemento sectorial de una política, sino que es el corazón de la estrategia socioeconómica. Por ello la compra verde es un instrumento para la recuperación vinculada con la crisis del COVID y para la transformación social”, agregó.

Para finalizar el académico se refirió al “fracaso de un enfoque voluntario” dado el bajo nivel de impacto en el número de contratos adjudicados con criterios ambientales. “Llevamos décadas de perspectiva voluntaria con un régimen de la contratación pública que simplemente animan, dan la posibilidad a los órganos de contratación de introducir una perspectiva no solo económica, sino que también cualitativa integrando criterios ambientales”, señaló. De esta manera, planteó la introducción progresiva de una legislación sectorial con enfoque obligatorio de contratar prestaciones con características ambientales. “Tras dos décadas de perspectiva voluntaria, tenemos que avanzar hacia una perspectiva obligatoria”, finalizó.