Nueva Constitución y compromiso con el Medio Ambiente

Resulta interesante el reflexionar como los convencionales entenderán la consagración constitucional de la protección del medioambiente, considerado como un bien que satisface a la comunidad toda. Entonces, será una obligación del Estado y de la administración ambiental, que nos parece esencial y adecuado, o como en otras cartas fundamentales que consideran a la colectividad como un sujeto de derecho que disfruta del medioambiente, por cuanto este le prodiga las posibilidades para un adecuado desarrollo personal y social, pero además obliga al ciudadano imponiéndole un deber de conservarlo, de protegerlo incorporando un sentido de responsabilidad personal y comunitario, que modifique la cognición de nuestra comunidad generando por esa vía comportamientos favorables y respetuosos, tan necesarios. Lo que permitiría desarrollar actitudes socialmente comprometidas y solidarias en la defensa y protección de un bien jurídico esencial para el desarrollo equilibrado de esta nuestra sociedad actual y la pervivencia de las futuras generaciones.

En nuestra opinión debiera consagrarse en el cuerpo de la nueva carta política, al tratar los derechos fundamentales y por cierto en cuanto ser considerado como un derecho social protegido por la tutela jurisdiccional. La pregunta que surge inmediatamente, tiene relación con la legitimación activa para solicitar la intervención de la justicia en orden a reparar el daño causado o a poner termino a la actividad dañosa que afecte al medio ambiente, lo que queremos indicar es si las personas afectadas directamente son las que están “autorizadas” a solicitar la intervención de la justicia para resolver una lesión al medioambiente, o puede ser cualquier ciudadano, el que tenga el derecho a ejercer en defensa del interés de la comunidad, e instar  la actuación de la administración de justicia en protección de los intereses colectivos que supone la protección del medioambiente.

Estas y otras muchas cuestiones se resolverán en el corto plazo, en un proceso histórico del cual estimamos la participación de las personas debe ser un elemento esencial, que legitime el proceso y ciertamente la nueva carta fundamental.