La cuestión pública
Hemos asistido en el tiempo reciente, a una sucesión de hechos en el ámbito de la cuestión pública que sorprende hasta al más alejado de los avatares políticos.
De una parte, tenemos la “cuestión constitucional”, discusión relevante que se aleja demasiado de la realidad cotidiana, lo que preocupa en este segundo intento democrático, por construir una nueva carta política.
En ese escenario, la falta de acuerdos difiere del encargo contenido en la manida frase que reza: la ‘política es el arte de lo posible’, por lo que encarecidamente, por el bien de la colectividad, se hace necesaria la energía, las ganas y la voluntad, de liderazgos que articulen esfuerzos, acerquen posiciones y logren consensos. Si, consensos, en torno a las cuestiones más primarias que precisa la colectividad, y merecen reconocimiento constitucional, que suponemos, buenamente, son conocidas por quienes nos representan.
La segunda “cuestión”, abraza a la actividad administrativa, con situaciones que deben llamar a reflexión y por, sobre todo, a la acción de quienes detentan el mandato del pueblo.
La correcta aplicación de los recursos fiscales precisa de rigurosas regulaciones que no deben jamás obviarse a pretexto de “agilizar” la gestión de recursos, ya que ello, las más de las veces, puede obedecer a: falta de planificación, satisfacción de intereses alejados del interés general, que vulnera el principio de juridicidad permeando las bases mismas del sistema democrático.
El poder público, legitimado democráticamente, debe respetar y hacer respetar el derecho, haciendo valer uno de los principios que conforman al estado de derecho, como lo es el control. Esa actividad, la de controlar, no sólo debe descansar en las entidades que están fuera de los órganos públicos activos, sino también en quienes están en posiciones de poder, ejerciendo el control jerárquico y en las personas que prestan servicios dentro del Estado, reconduciendo las conductas que lesionen el interés general, que debe ser el que ilumina el transitar de nuestras instituciones públicas.
Ambas cuestiones, son relevantes para el devenir de nuestro país, requieren de una acción permanente de quienes se encuentran el vértice estratégico de la institucionalidad pública, actuando de manera oportuna y diligente en pos de la protección de los intereses colectivos.