El desafío de la hora presente: imprimir un sello humanizante y solidario a la elaboración normativa

El derecho como constructo social debe estar al servicio de la humanización de nuestras comunidades, quienes construyen nuestra normas jurídicas están llamados a incorporar en esas elaboraciones normativas, que por esencia deben beneficiar a la colectividad, comunicaciones en las que gran parte de los sujetos que serán gobernados por esas leyes o reglamentos, sientan, aprecien y estimen que se esta construyendo un andamiaje normativo que valorice el interés general, que potencie y estimule la convivencia inclusiva, que resignifique el valor de la persona, que le asigne a la solidaridad un sitio de relevancia en la disposición del ordenamiento jurídico.

No es superficial, que en la configuración de cada elaboración normativa (leyes, reglamentos y otros) se tenga como sustrato una reflexión profunda y orientada al bien, de quienes están llamados a dictar los presupuestos sobre los cuales transita el devenir de nuestras existencias. Tienen aquellos (as) una tarea monumental, ya en el congreso, ya en la administración, pues esos hombres y mujeres que representan el clamor de su pueblo, deben hacerlo con celo y rigor, aplicando con rigurosa disciplina las virtudes de la fraternidad y solidaridad. Elevando el espíritu a esas alturas que hace ya mucho tiempo, al parecer no reconocen.

Las normas jurídicas necesariamente deben estar al servicio y cuidado del desarrollo humano y ambiental, potenciando la capacidad de desenvolvimiento de cada uno de los integrantes del cuerpo social, apoyando la creatividad individual y colectiva, mejorando los espacios de colaboración entre los miembros de la comunidad, vigorizando la  participación comunitaria desde la más temprana edad, alejando la división y llamando a la unión de los que quieren y anhelan un espacio de colaboración, respeto, desarrollo sustentable y armónico entendimiento,  entre quienes componemos una  comunidad diversa, en la unidad.