La situación económica de Venezuela es muy crítica. Prácticamente, en todas las dimensiones que se puedan analizar los números dan alguna idea del desastre económico que enfrenta el país.

Por ejemplo, en los últimos cinco años el producto interno bruto se ha contraído, al punto que el PIB en 2018 había caído aproximadamente 45% respecto a su nivel en 2013, el último año en que la economía creció. Esto ha determinado que el PIB per cápita de Venezuela sea uno de los más bajos de la región Latinoamericana, luego que estuviera por varias décadas en el primer o segundo lugar en la región. Lo que es más, para este año, el FMI pronostica otra caída de 25% para el PIB.

En cuanto a la inflación, que el mismo FMI estimó en 1,5 millones para 2018, se espera alcance los diez millones este año, de manera que los venezolanos ven que cada día los precios son el doble del día anterior.

Esta es la principal razón por la cual se estima que en los últimos cinco años aproximadamente cinco millones de venezolanos han dejado el país.

El gobierno atribuye esta catástrofe a la guerra económica impulsada por Estados Unidos. Pero, la verdad, es que las sanciones que aplicó ese país hasta hace pocos meses eran solo a personas individuales, y recién hace tres meses se han extendido a instituciones como la principal empresa petrolera del país PDVSA. De hecho, antes de esas sanciones, Estados Unidos era el principal socio comercial de Venezuela. Por lo que la actual situación del país es responsabilidad, principalmente, de sus actuales autoridades.