Ya ha pasado poco más de una semana desde que se constituyó la convención constitucional de Chile, con algunos tropezones por la ausencia de reglamento para su funcionamiento, pero con una gran muestra de democracia y también simbolismo, en la elección de su presidenta y vicepresidente.

La convención se lleva las miradas de todas y todos los chilenos. Y a pesar de que no hubo una gran mayoría de constituyentes, que platearan propuestas en torno a biodiversidad y cambio climático durante sus campañas electorales, el claro discurso de la presidenta de la convención, Dra. Elisa Loncón, sobre reivindicar los derechos de la madre tierra, dan fuertes señales para que la propuesta de nueva constitución considere de alguna manera temas ambientales generales. Dado que la nueva carta magna en preparación replanteará las bases para “el nuevo Chile”, es que vale la pena preguntarse como podremos incluir el cambio climático en todo esto. Considerando que la vida media de una constitución en occidente va de los 12 a 32 años, es de esperarse que se considere el contexto ambiental en su desarrollo.

Esto es relevante porque contextualizar significa ubicar espacial y temporalmente las bases del Chile que queremos. En este sentido el debate que se de entorno al uso de los recursos naturales, como el agua, va a ser clave en como se pueda manejar este recurso renovable, pero finito, que actualmente se mercantiliza gracias a la constitución de 1980. El agua, sin duda, será uno de los recursos más afectados por el cambio climático, ya lo vemos hoy con los cambios sutiles pero constantes en los regímenes de precipitación en todo Chile. De hecho, las proyecciones sugieren una reducción significativa de los caudales medios mensuales en las cuencas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, lo que generará una reducción de las reservas de agua en la cabecera de los ríos e impactos a lo largo de toda la cuenca. Pero no solo el agua debe ver modificaciones a nivel constitucional, sino que también el modelo de país que queremos se debe replantear. En particular debemos repensar el modelo de desarrollo basado en un extractivismo exacerbado, que es lo que predomina hoy en día.

En la constitución actual existe explícitamente un mayor peso de la minería por sobre cualquier otro recurso natural de Chile, lo que permite tener un código minero que se sobre pone a la conservación de la biodiversidad (y cualquier ley ambiental asociada), incluso favoreciendo la extracción de minerales en áreas silvestres protegidas. Esto es un absurdo que debe ser subsanado, necesitamos detener la producción a todo costo, porque la producción actual nos está dejando sin ecosistemas naturales como humedales, bosques y glaciares a lo largo de todo el territorio.

Si queremos un Chile que sobreviva en un contexto de cambio climático, debemos proyectar un modelo de desarrollo que conserve los recursos naturales de forma efectiva y bien planificada, y, además, no podemos centrar eternamente la economía del país en la extracción del cobre o litio, algún día esos recursos se acabarán o dejarán de ser necesarios y todo nuestro sistema económico se caerá al suelo, como pasó con la industria del salitre hace un siglo atrás. Es relevante que la nueva constitución le otorgue al estado la posibilidad de regular el uso de los recursos naturales, y que no favorezca el bien individual, y la producción e inversión, por sobre el bien común, como lo hace la actual constitución. Si la nueva constitución es capaz de equiparar las condiciones, en términos de desarrollo económico y medio ambiente, y nos lleva a conservar la biodiversidad, los cambios en la manera que hoy usamos nuestros recursos naturales nos permitirán afrontar de mejor manera los efectos del cambio climático. No podemos repensar y proponer un nuevo Chile, sin la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales, son parte de nuestro contexto.

Actualmente contamos con un proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, que posee como uno de sus grandes objetivos llegar a carbono neutralidad en Chile al 2050. No obstante, este proyecto de ley descansa en el Congreso Nacional desde agosto del año 2020. Nuestra legislación ambiental aún es débil, la actual constitución genera eso, y esta legislación está orientada a favorecer la instalación de la industria, la única manera de frenar un proyecto de inversión que afecte la biodiversidad es a través de la organización social y una fuerte lucha mediática, ¿no debería ser rol del estado procurar la conservación de los recursos naturales? ¿por qué debemos llegar a la lucha socioambiental para revertir un proyecto que claramente impacta el medio ambiente o la biodiversidad?

Estamos frente a una oportunidad histórica, el proceso constituyente no solo le pertenece a las y los 155 representantes electos, es de todas y todos los chilenos. Es momento de sumarse al debate y ¡aportar ideas!, criticas y quejas ya tenemos de sobra.