Chile, de un sistema mixto de salud a un sistema de transición a la protección social

Uno de los hitos más importante y profundos en la historia reciente del sistema de salud Chileno fue la creación del sistema de ISAPRES (DFL N°3, 1981) como parte de una estrategia de desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud y mercantilización de la misma qué bajo la lógica de la protección social funciono en Chile hasta inicios de la década de los 80. Su funcionamiento no ha sufrido cambios profundos durante las últimas décadas, manteniendo hasta la fecha un sistema de financiamiento del sector segmentado que no cumple con los principios de seguridad social, por lo menos en términos de la actual discusión ciudadana qué ha permeado además la discusión constitucional. El 22 de abril del 2019 Sebastián Piñera, bajo el nombre de Reforma Integral al Sistema de Salud presento la última reforma a la salud de nuestro país. La cual contemplo dos proyectos de ley, uno que impulsa un fortalecimiento de FONASA y otro con cambios a las ISAPRES. Si bien ambos proyectos fueron aprobados y la reforma rige en la actualidad. La propuesta viene a responder a un clima de cuestionamiento al sistema producto de los anuncios de que las ISAPRE elevaron los planes individuales de salud situación sobre todo en población de planes sensibles, como por ejemplo para mujeres de 40 años y afiliados con hijos, así como a la exigencia de la cotización obligatoria para los trabajadores a honorarios.

La actual reforma se ha convertido en una falsa pantalla de transición a la protección social que de algún modo intento prometer, en varias de las aspiraciones de sus afiliados. La encuesta telefónica realizada por Ipsos Chile a 300 usuarios el 2020, mostro qué el 50% de Fonasa y 50% de ISAPRE, muestra una baja satisfacción con el costo de servicio que entregan las ISAPRE (49%), un amplio apoyo a la necesidad de introducir reformas (60%), y un alto nivel de desinformación sobre el tema (69%), mientras que un 36% cree que el servicio empeorará en el futuro, y un 40% cree que se mantendrá́ igual. Esto hace pensar y a juicio de una contrapropuesta que se debe apoyar en primer lugar el hacerse cargo del principal problema que tiene nuestro sistema de aseguramiento, que es la segmentación generada por la existencia de dos fondos independientes entre si, sobre todo el aspecto puntual del sistema qué es mantener la lógica de separación entre una salud para ricos y una salud para pobres. Si no se busca generar un aumento global de los recursos públicos al menos hasta el promedio de la OCDE, ni avanzar en una lógica de seguridad social con la integración del sistema de financiamiento, no podemos plantear como una verdadera “reforma” a la reforma del 2019 ni mucho menos como una “integral” a un sistema qué no cuenta con el financiamiento del PIB por parte del estado para ser competitivo en los estándares mundiales al que Chile aspira estar y que ha ido integrando con dificultad. El problema además de técnico se convierte en un imperativo moral siendo un sistema ineficiente y presenta todos los vicios de los seguros: selección adversa, daño moral, etc. Al negocio de los seguros se ha ido sumando el de las clínicas privadas, a través de holdings financieros integrados verticalmente, los que necesitan una creciente inyección de recursos públicos

para mantener sus ingresos a través de estrategias como la compra de servicios desde instituciones públicas y la modalidad de libre elección de los afiliados a FONASA, además de los copagos de los usuarios, los que no solo se mantienen en esta propuesta, sino que se perfeccionan.

Sería un despropósito pensar en modelos de protección social en salud como el canadiense no es comparable nuestro país con aquello, debido básicamente a lo estructuralmente distintos de ambas economías y de inversión fiscal e inclusive aspectos culturales. Pero si es posible plantear transiciones con etapas de desarrollo a la protección social y no reformas puntuales. Un cambio de fondo o de transición a la protección social al sistema de aseguramiento pasa por reunificar los fondos mediante la creación de un Fondo Único con un Seguro Nacional de Salud que se financie con el 7% de las cotizaciones obligatorias de todos los trabajadores o un porcentaje superior y donde las ISAPRES actuales puedan pasar a ser seguros privados y solo complementarios voluntarios, financiados a través de una prima comunitaria fijada por cada aseguradora, con una fuerte regulación. No tiene sentido hacer una reforma parcial al sistema privado, si no se aborda el financiamiento como un eje común que incluya a FONASA. Esta propuesta debe incluir otros elementos como: el establecimiento de un Plan de Seguridad Social (PSS) mejorado, único y universal, al cual podrían acceder todos los habitantes para recibir los beneficios correspondientes a: atención en modalidad institucional en el sistema público, libre elección en el sistema privado, las garantías exclusivas en salud (GES), la ley de urgencias, cobertura a enfermedades catastróficas, y el seguro de incapacidad laboral además la reducción o eliminación gradual del copago, comprendiendo este paquete de ideas en un fondo mancomunado con aumento de financiamiento del PIB de un mínimo de 9,8% (aumentando el actual 5,8%). La protección social en salud para Chile es un imperativo moral y de alcances éticos qué resiste análisis técnicos sin duda, pero por sobre todo debe superar la actual retorica de la voluntad.