Facultad de Economía y Negocios profundiza en los efectos económicos de la propuesta de nueva Constitución

Una nueva edición de “Diálogos que conectan Chile: aportes para una nueva Constitución” llevó a cabo la Universidad Santo Tomás a semanas del plebiscito constitucional que tendrá lugar el 4 de septiembre. En esta ocasión se abordaron los elementos económicos que considera la propuesta de carta fundamental, mediante una conversación entre destacados expertos en este ámbito: el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y la exsubsecretaria de Evaluación Social, María Soledad Arellano. El panel fue moderado por Enrique Paris, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UST.

“Todas las constituciones tienen efectos económicos directos e indirectos, bien por la manera en que regulan la protección de la propiedad, el ejercicio de la actividad empresarial y del trabajo, el catalogo de derechos económicos y sociales y en el uso de los bienes comunes de la sociedad”, expresó el decano de la UST.

Macroeconomía y responsabilidad fiscal

El espacio se inició con la intervención de la doctora en economía, María Soledad Arellano, quien fue enfática en señalar que una Constitución “tiene objetivos más trascendentales que promover y fomentar el crecimiento y la inversión. Yo le pediría algo que es más simple: que no dificulte el crecimiento y el desarrollo de un país”.

La economista y vicerrectora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez resaltó tres puntos que debiera incorporar el borrador del texto constitucional: primero, que no perjudique la estabilidad macroeconómica, segundo, que no afecte la iniciativa privada y tercero, que contribuya a la paz y cohesión social. “Hoy en día la estabilidad macroeconómica es algo que ya no aparece tan asegurado como era hace un tiempo atrás; creo que nos estamos dando cuenta que malas políticas tienen impacto”, señaló. Seguido de esto, destacó dos elementos: la responsabilidad fiscal y el rol del Banco Central. “No nos podemos olvidar que tener cuentas fiscales ordenadas ayuda a tener un nivel de deuda sostenible que es necesario para que los países crezcan y también para que el acceso al financiamiento sea más ordenado”, indicó.

La economista planteó sus observaciones respecto de la propuesta constitucional especialmente en materia fiscal. “El gasto fiscal directo que implica el borrador está entre 8,9 y 14,15 puntos del PIB, un monto que yo no sé cómo se va a financiar. Estamos hablando de un riesgo de impuestos de niveles muy altos o de un aumento en el endeudamiento”, precisó. Entre algunos elementos que contiene el nuevo texto, Arellano subraya: “se eliminó la iniciativa exclusiva del Presidente en materias que impliquen gastos fiscales y tributos. Creo que eso es una gran pérdida respecto de lo que tenía hoy día la institucionalidad”.

La propiedad privada

Por su parte, el exministro de Hacienda y académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rodrigo Valdés, comenzó señalando que el nuevo texto constitucional tiene una serie de claroscuros, refiriéndose en primer lugar a los sistemas político y judicial y en su interacción.

“Mi impresión es que el sistema político, sin ser para nada un desastre, no es un cambio hacia mejorarlo de manera evidente respecto de lo que tenemos hoy día”, apuntó.

Sobre la propiedad privada, el economista se refirió especialmente a lo que establece la propuesta en materia de las aguas. “Va a haber una dificultad para traspasar aguas en distintos usos y las ganas de quitarle a alguien agua para dársela a otro. La redistribución debiese hacerse con dinero, con impuestos, y no rompiendo la eficiencia del sistema”, señaló. Además, planteó sus observaciones respecto a la incorporación en la propuesta constitucional de la función ecológica de la propiedad privada. “Eso puede ser una gran idea, pero es necesario saber cuáles son los bordes de ello. Sin eso uno puede imaginarse cualquier tipo de problema para la eficiencia”, apuntó.

El panelista también se refirió a los derechos sociales, señalando que “en la lógica de tener más derechos sociales, en la medida de que un país se desarrolla, creo que es evidente que estamos atrasados. Sin embargo, el darle tutela judicial pone un riesgo muy grande en que algo compensa la responsabilidad fiscal, pero no es suficiente”.

Para finalizar su intervención, el exministro de Hacienda comentó acerca del derecho a huelga establecido en el nuevo texto. “Se pone fin básicamente a la negociación reglada y la huelga podría usarse para objetivos que uno duda que sean los correctos en la relación empleador – empleado”, comentó. Por último, se refirió a las empresas públicas, indicando que “el cambio más grande es la posibilidad de que los municipios y las gobernaciones hagan empresas públicas y vuelvan a ser vía ley, pero creo que es muy central el aspecto de las reglas de neutralidad. Sin reglas de neutralidad esto puede convertirse en un gran problema”, precisó.

Posterior a sus intervenciones, los panelistas pudieron complementar sus ideas y responder las dudas de los asistentes.

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Ver “Diálogos que conectan Chile. Aportes para una nueva Constitución: aspectos económicos”