Sobre el comercio callejero
El comercio callejero sigue siendo un tema muy complejo, tanto a nivel de país como de los principales centros urbanos de la región del Biobío.
Si bien, hace años que vemos los esfuerzos de los municipios por eliminar u “ordenar” el asunto de los comerciantes ambulantes, con la pandemia por Covid 19 no ha hecho más que aumentar, y desde el 2020 vemos una verdadera explosión de comerciantes en nuestras calles y plazas, que a mi juicio pasa a ser uno de los problemas más complejos de este último tiempo.
Esta actividad trae consigo otro tipo de inconvenientes que van mucho más allá del libre y seguro tránsito por las veredas y plazas de nuestras ciudades, como por ejemplo, la seguridad, la competencia desleal con el comercio establecido, el desconocido origen y legitimidad de los productos a la venta, la proliferación de mafias y disputas por territorios. En fin, faltaría espacio para enumerar todas las complejidades de este verdadero fenómeno.
Según datos otorgados por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), solo entre enero y septiembre del año pasado, las aduanas confiscaron casi 5 millones de productos, que sumados alcanzan un total de US$24 millones. Entre ellos, predomina la ropa (17%), seguido por accesorios para celulares (15%), y juguetes (9%). Estos datos, además de impactarnos, permiten dimensionar el tamaño del problema, pero sólo muestran una ínfima porción del iceberg que hoy enfrentamos.
Otra aproximación al problema es respecto de las personas que compran a los ambulantes, quienes quizás en un ánimo de simpatía hacia quienes ejercen el comercio ilegal, por “ayudar” o bien con la convicción de estar comprando a un buen precio o una ganga. Pero lamentablemente, ambas situaciones son igualmente perjudiciales para el orden y progreso social, pues el comercio informal es una actividad que implica inestabilidad laboral y también una nula protección social debido a su ilegalidad, lo que profundiza la vulnerabilidad de quienes lo ejercen.
Debemos recordar que la compra en comercio ambulante constituye un delito o falta que está normado en varias ciudades del país y considera multas para quienes las infringen, y al hacerlo también se fomentan otros delitos de mayor complejidad – de los cuales hemos sido testigos gracias a diversas investigaciones periodísticas – como el robo en almacenes, bodegas y camiones, la internación ilegal de productos por nuestras fronteras, el plagio o falsificación de productos de marca.
Particular es el caso de la evasión de impuestos, que son el verdadero camino que tiene un estado nación para mejorar la situación de sus habitantes por el efecto redistributivo que consideran.
Respecto de este último punto, es de toda lógica que las autoridades desarrollen un decidido combate al comercio ilegal, sin pudor y con toda la fuerza de la ley, lo que no significa necesariamente llevar a la cárcel a esos comerciantes oportunistas, si no que conminarlos a la formalización de su actividad, con ello pagarían patentes, serían agentes recaudadores de IVA y generarían los tributos necesarios para que cuando por situaciones económicas o sociales caigan en la vulnerabilidad, el Estado cuente realmente con los recursos para ayudarlos.
Probablemente, muchos de ellos se reconvertirían en comerciantes respetados, que no sólo ayudarán a sus familias, sino también a la sociedad en su conjunto.