Transición energética y carboneutralidad: el caso de Chile y España

La Facultad de Derecho UST, el Magíster en Derecho Público UST, en conjunto con el Seminario de Estudios de Derecho de la Unión Europea llevaron a cabo webinar “Transición energética Chile-España”, que contó con la ponencia de Mª Consuelo Alonso García, académica de Derecho administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha y Ricardo Irarrázabal Sánchez, Profesor de Derecho Ambiental, Departamento de Derecho Económico, Comercial y Tributario, Pontificia Universidad Católica de Chile.

El encuentro fue moderado Mauricio Figueroa Mendoza, académico de la Escuela de Derecho UST sede Antofagasta y tuvo por objetivo conversar y reflexionar considerando un contexto de cambio climático, los efectos evidenciados por la comunidad científica, y el camino hacia la carbononeutralidad, desafío asumido por Chile al 2050 y que precisa llevarse a cabo a través de un ssfuerzo mancomunado de los gobiernos, sociedad en general y la academia.

El caso español

Mª Consuelo Alonso García comenzó su presentación explicando el contexto que se vivió en España respecto de la transición energética, dando a conocer la reciente transformación hacia un sistema energético basado en las energías renovables y las dificultades para llegar a la situación actual, marcadas por una serie de tensiones entre los gobiernos de ese país y las empresas eléctricas, derivando en una cadena de laudos arbitrales por parte del reino de España.

A partir de este panorama se inició la Política del gobierno español de apoyo y fomento a las energías renovables. “Se consideró como un instrumento importantísimo para lograr el objetivo de neutralidad climática cero que pretende la Unión Europea para el año 2050”, agrega. Es así como se adoptaron una serie de medidas para favorecer la producción eléctrica de energías renovables, así como también, el autoconsumo de los particulares. Entre los objetivos trazados en 2020 se encuentran: potenciar el autoconsumo; suprimir el impuesto al sol; la previsión de remuneración de los excedentes convertido a la red eléctrica; la eliminación de los límites de potencia; la aceptación del autoconsumo compartido; la producción de energía por terceros.

Las regulaciones anteriormente expuestas, cuenta la académica, permitió que en lo que va del 2022 la generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables en España haya llegado a un 40%, distribuida principalmente en energía eólica (22,1%), seguida por la solar fotovoltaica y la hidráulica, siendo los sectores industrial y residencial los que más utilizan este tipo de fuentes.

Sin embargo, la invitada señaló que la regulación española no está exenta de dificultades. Entre ellas menciona el régimen jurídico aplicable:“tenemos una legislación muy prolífica y dispersa que cambia constantemente. Además, es una legislación compleja, tanto por su carácter técnico como sectorial”. Por otro lado, mencionó una serie trabas en el procedimiento administrativo para la puesta en marcha de este tipo de instalaciones como, por ejemplo, una excesiva burocracia y amplios plazos de resolución.

“Con respecto al régimen jurídico aplicable, creo que lo que hay que hacer es dotar de mayor estabilidad a la normativa, pero también a los operadores económicos. En eso nuestro gobierno está especialmente implicado, y para ello se ha dictado recientemente un decreto ley”.

En tanto, la catedrática dio a conocer el esquema básico del procedimiento administrativo necesario para la instalación de este tipo de plantas. “Se abordaron la simplificación de los trámites urbanísticos y ambientales y los tramites técnicos”, señaló. Lo anterior ha favorecido la proliferación de megacentrales solares o macrogranjas solares, y con ello, también problemáticas medioambientales como, por ejemplo, la concentración excesiva en algunos puntos, y efectos ecológicos especialmente de los aerogeneradores.

El caso chileno

El profesor Ricardo Irarrázabal Sánchez enfatizó que una transición energética real no solo pasa por hacerse cargo de los gases efecto invernadero que se generan, sino que también por otros temas de contaminación que están afectando gravemente la salud de la población. Se refiere al material particulado generado por leña.

“Cuando hablamos de transición energética, debiéramos verlo no solo desde el punto de vista global, sino que también a nivel local, y lo que significa para el país tener una situación de contaminación, especialmente en la zona centro-sur de Chile, bastante relevante”, puntualizó.

Durante su presentación, el profesor Irarrázabal intentó dar respuesta a cómo lograr la transición energética considerando la realidad chilena. “En Chile la contribución de la energía a los gases de efectos invernadero es alrededor del 80%”, expresó. Dado este antecedente es que el invitado relevó la importancia del desarrollo de las políticas en materia de energía, y el poder equilibrar la seguridad del sistema, su eficiencia y la internalización de las externalidades, tanto a nivel global como a nivel local.

“Actualmente, el primer problema ambiental que tiene el país es la exposición a material particulado. Se requiere incorporar en la discusión sobre transición energética lo que significa la utilización de la leña”, enfatizó. “La discusión termina siendo de sostenibilidad, cómo uno logra equilibrar en ambas situaciones (emisión de gases invernadero y material particulado fino) los tres pilares de la sostenibilidad (económico, social, ambiental)”, agregó.

El invitado señaló que cuando Chile anunció la carbononeutralidad, tras un análisis riguroso que luego se plasmó como un objetivo en la Ley de Cambio Climático, se acercó a que este compromiso se transformara en una realidad alcanzable. “Aquí ha jugado un rol central el ordenamiento, a través de políticas energéticas y su modificación que lograron generar una coordinación dentro del Estado para sacar delante estos objetivos”, expresó.

También, el catedrático señaló que Chile tiene una particularidad producto del corte de gas por Argentina, que significó un aumento de la generación del carbón por parte de termoeléctricas del país. Ante esto, explicó, se armó por parte del gobierno anterior un acuerdo de retiro voluntario de estas centrales. “Este retiro fue, por así decirlo, la punta de lanza de lo que significó empezar a pensar en la carbononeutralidad para el 2050 en un contexto donde Chile tiene una gran potencialidad en energías renovable, especialmente en energía fotovoltaica”, puntualizó.

En el 2021 la generación de energías renovables no convencionales llegó a un 25%. Y si se le agrega energía hídrica se alcanza el 45% de generación, superando la meta impuesta para el año 2025. Este escenario, y según un análisis que incorpora implicaciones técnicas y considera las consecuencias ambientales y sociales, generó las condiciones para que el país asumiera el compromiso de la carbononeutralidad al 2050, exigido por el Acuerdo de Paris.

“Para llegar a la carbononeutralidad hay que tomar una serie de medidas que son justamente las incluidas en la política energética, para que sumadas nos permita una reducción de los gases de efecto invernadero, sumado a nivel de compensación, la captura de bosques”, agregó.