IP y CFT Santo Tomás apoyan el reconocimiento constitucional de la Educación Superior Técnico Profesional

Con el propósito de continuar aportando al fortalecimiento de la Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) en el país, el IP y CFT Santo Tomás se encuentran apoyando una Iniciativa Popular de Norma liderada por el Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados –Vertebral–, para el reconocimiento a nivel constitucional de la ESTP en la nueva propuesta de Carta Magna que se encuentra elaborando la Convención Constitucional.

El Rector Nacional del IP-CFT Santo Tomás, Juan Pablo Guzmán, comentó que “estamos frente a una enorme oportunidad de seguir avanzando hacia una valoración cada vez mayor de este nivel formativo como un pilar indispensable para el desarrollo del país, que promueve la formación de técnicos y profesionales integrales y competentes, que entreguen soluciones innovadoras a los diferentes desafíos del mundo laboral”.

Cabe destacar que, según datos de Vertebral, desde el año 2000, la matrícula en el subsector técnico-profesional se ha cuadruplicado, y ya desde 2010, la matrícula de alumnos nuevos cada año opta, en más de un 50%, por los institutos profesionales y centros de formación técnica. De los 314.539 alumnos que ingresaron como estudiantes de primer año a una carrera en 2021, 179.320 eligieron un IP o CFT, y 135.219 estudiantes a una universidad, siendo la matrícula de los institutos profesionales la única que aumentó respecto del año anterior.

El plazo para apoyar el reconocimiento constitucional de la Educación Superior Técnico Profesional finaliza el 1 de febrero y se puede hacer ingresando con la clave única o la cédula de identidad y número de documento en la Plataforma Digital de Participación Popular que ha dispuesto la Convención, disponible aquí.

Iniciativa de Norma Popular

A través de esta prerrogativa, Vertebral busca aportar al debate constitucional sobre educación superior, específicamente sobre Educación Superior Técnico Profesional, para que se tengan a bien considerar puntos relevantes como los que se mencionan a continuación:

• Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad en todos los niveles educativos a lo largo de la vida, incluyendo la educación superior y la educación continua.

• La educación debe tener, como uno de sus propósitos centrales, el pleno desarrollo de las personas a lo largo de la vida, tanto en los planos individual como social, promoviendo y cultivando los valores elementales del ser humano, los principios y libertades constitucionales, así como cautelando los derechos fundamentales de participación en la comunidad y en la vida pública nacional.

• Se reconoce y se debe garantizar la libertad de enseñanza. Esta se inspira en la diversidad de una sociedad democrática, en la que los poderes públicos deberían siempre asegurar la necesaria provisión mixta de educación superior, estatal y privada, con distintas visiones que les permita a las personas elegir de acuerdo a su vocación.

• El Estado reconoce y resguarda la autonomía de todas las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente. Las casas de estudios superiores deben contribuir al bien común mediante la materialización de sus proyectos educativos, con estricto apego a su visión y misión, poniendo como centro del quehacer de la comunidad educativa a los estudiantes, en el contexto de un sistema de educación superior que garantice el derecho a la educación y valore con equidad su diversidad técnico profesional y universitaria.

• Los institutos profesionales y centros de formación técnica tienen como finalidad alcanzar un alto nivel de aprendizaje de sus estudiantes, que les permita enfrentar los desafíos del país, de sus sectores productivos y de servicios, con pertinencia regional y visión a la vez local y global. Para ello es indispensable lograr una formación disciplinar y humana de excelencia.

• El Estado debe establecer un régimen regulatorio que favorezca a todas las instituciones de educación superior por cuanto estas cumplen un rol público, asegurándoles un adecuado y equitativo aporte en beneficio de los estudiantes, sean ellas estatales o no estatales, e independiente del subsector en el que se encuentren, de manera que puedan desarrollar sus funciones conforme a los requerimientos educacionales, científicos, productivos y culturales del país.