Dr. José Pernas García: “Los futuros actores de la contratación pública deben asumir con convicción la voluntad del legislador”

Como “muy enriquecedora” calificó su visita en la UST el Dr. José Pernas García, quien permanece desde hace una semana en nuestro país para ser parte de una serie de actividades organizadas por la Facultad de Derecho de la UST, orientadas a intercambiar experiencias y generar un diálogo en torno a la contratación pública. Cabe destacar que el Dr. José Pernas García es un reconocido profesor de la Universidad de La Coruña y miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública.

Durante su estadía, el académico participó en el Seminario Internacional “Medioambiente y Compra Pública Estratégica” y en el “Congreso Internacional de Contratación Pública Estratégica: Desafíos Actuales”, oportunidad en la que expuso ante los estudiantes de pre y postgrado y especialistas en la materia, acerca de la perspectiva de la compra pública verde en la Unión Europea (UE) y su marco jurídico integrado, dando cuenta del avance del enfoque obligatorio durante dos décadas. “Las políticas climáticas no son solo un apoyo de objetivos ambientales, sino son la base del modelo de desarrollo socioeconómico de la UE”, sostuvo el Dr. Pernas.

En la ocasión, además, se le consultó acerca de los desafíos de los futuros profesionales del derecho en el área de la contratación pública, señalando que “es un ámbito donde es muy relevante hacer pedagogía para que los futuros actores de la contratación pública en el sector público integren esta perspectiva y que asuman con convicción el cumplimiento de la voluntad del legislador y con adecuada técnica jurídica la aplicación de este enfoque estratégico”.

Por otro lado, el especialista se refirió a los beneficios que tiene para los países la integración de criterios ambientales en las políticas de compras públicas, subrayando que “la compra estratégica sirve para reforzar los objetivos de políticas ambientales, pero además hoy en día ya es un elemento fundamental para una estrategia de desarrollo socioeconómico que pretende fomentar un modelo más competitivo y eficiente en el uso de recursos”.

Entrevista

• ¿Cómo ha sido su experiencia como profesor visitante en la UST?

La experiencia ha sido muy positiva, las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UST son magníficas y el trato amabilísimo. Mi impresión es muy positiva, yo vengo de una Universidad pública, que es una universidad pequeña dentro del sistema público de universidad españolas y para mi realizar este tipo de actividad internacionales y, sobre todo, tener la posibilidad de conocer a colegas de otros países e intercambiar conocimiento es muy enriquecedor. Para mi es un privilegio estar aquí y estoy muy agradecido por la invitación.

• ¿Cuál es la relevancia de que los estudiantes de la Facultad de Derecho conozcan sobre contratación pública con foco en la sustentabilidad y la protección del medioambiente?

En el caso del régimen jurídico europeo y español hace años que el legislador ha considerado que la actividad contractual debe estar vinculada a objetivos no económicos, sino también a objetivos ambientales. Pese a esa modificación y voluntad política del legislador expresada en normas, la realidad de funcionamiento de las administraciones ha ofrecido cierta resistencia a un cambio cultural y a un cambio de dinámica, a coger una perspectiva que no fuera puramente económica basada en la compra sobre la base del precio más bajo. Es un ámbito donde es muy relevante hacer pedagogía para que los futuros actores de la contratación pública en el sector público integren esta perspectiva y que asuman con convicción el cumplimiento de la voluntad del legislador y con adecuada técnica jurídica la aplicación de este enfoque estratégico.

• ¿Cuáles son los beneficios de un país, particularmente para Chile, que en sus políticas de compras públicas integren criterios ambientales?

Hay una cierta lucha de base ideológica. El legislador y las normas han tomado posición en el debate de fondo, de si los contratos deben de servir o no para conseguir objetivos de políticas públicas y no solo una herramienta de compra que debe regirse por criterios económicos. El legislador se ha pronunciado y ha dicho que las compras públicas son una herramienta que no solo debe perseguir el uso eficiente de los recursos públicos, sino que además debe utilizarse para conseguir objetivos sociales. Una de las razones de esa lucha ideológica de fondo que sigue existiendo en la realidad práctica que se resisten a integrar esta perspectiva, tiene su base en los beneficios que se generan para la sociedad. Hay actores que consideran que los objetivos ambientales generan sobrecostes y que, por lo tanto, la actividad de administración pública guiada por la eficiencia económica debe ser muy reticente a integrar la perspectiva ambiental porque genera ineficiencia. Esa es una idea aprendida que dificultad mucho el avance de esta perspectiva. La compra estratégica sirve para reforzar los objetivos de políticas ambientales, pero además hoy en día ya es un elemento fundamental para una estrategia de desarrollo socioeconómico que pretende fomentar un modelo más competitivo y eficiente en el uso de recursos.

• ¿Qué elementos o factores hay que considerar para que un país pueda avanzar hacia esta transición de política verde y regularizar la compra pública?

Primero es muy importante que haya una normativa de contratación pública que establezca esa obligación de toma de consideración de la perspectiva ambiental cuando la administración pública va a hacer una compra. Esto es muy importante sobre todo cuando hay administraciones que tienen una cultura muy económica. En ese sentido, la utilización del derecho como un elemento de transformación cuando hay resistencias culturales, es muy importante. Pero también tiene que ir acompañado de una serie de medidas, incluso, de gestión administrativa, de capacitación, de profesionalización, de que el personal que prepara los contratos tenga la información técnica adecuada. La perspectiva es esa: hace falta transformaciones normativas, pero deben ir acompañadas de medidas técnicas y de gestión administrativa para que el proceso se desarrolle con seguridad jurídica, y a la vez, intentando acelerar el paso de esa transformación en la forma de realizar las adquisiciones por parte de las administraciones públicas.