Fue un 26 de diciembre en que decidí inscribirme en el registro electoral de Los Ángeles. Tomar la decisión implicaba una obligación de ir votar cada vez que lo estableciese el calendario electoral.

Esta práctica quedó en el pasado en enero de 2012, ya que se cambió la ley de elecciones y la inscripción pasó a ser automática, y el voto, voluntario. La transformación tuvo detractores y defensores, pero sin duda, conllevaba un cambio para el electorado y el sistema político completo. Ahora la ciudadanía debía ser conquistada por los candidatos, además de atraerla para el día de la votación, y cumplir con el deber/derecho cívico.

En 2012, la disminución en las votaciones se había sostenido hasta el plebiscito del 25 de octubre de 2020, cuando se generó una implicación no vista desde el cambio del voto obligatorio al voluntario, superando el 51% de participación. Una de las primeras conclusiones que se puede realizar de ese aumento en el porcentaje de participación se atribuye a la importancia y la consecuencia que implicaba la votación.

Por primera vez en la historia de nuestro país se le pregunta a la ciudadanía si quería cambiar o no la actual Constitución y comenzar un nuevo proceso de escritura ala carta fundamental en la República.

El 15 y 16 de mayo continuó la significativa secuencia constituyente e independientemente de quiénes resultaron electos convencionales, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, la gran tarea y lección que se debe mantener es el progreso, la importancia de la participación como eje movilizador y motivador para las actividades que continúan de este fundamental hecho.

Una pregunta que se puede plantear es ¿ qué tan estimulante es el proceso eleccionario por sí mismo en los sectores más vulnerables? Esta pregunta aparece por factores asociados a la pandemia y a la insuficiente entrega de recursos económicos que ha generado el Gobierno para fortalecer las medidas de restricción del movimiento en pos de reducir los contagios de Covid-19.

Si los sectores más vulnerables del país tienen intranquilidades tan básicas como el sustentar a su familia ¿ en qué lugar quedó dentro de sus preocupaciones el participar de las votaciones? Si tengo que salir a trabajar para poder alimentar a mis familiares ¿ tiene relevancia elegir nuevas autoridades? ¿ Cómo se pueden concretar las consecuencias de ir a votar? Probablemente mi respuesta tampoco les haga sentido, pero lo intentaré.

De la redacción de una Constitución y de la elección de autoridades: alcaldes, concejales y gobernadores regionales, dependen varias de las decisiones, que se reflejan en aspectos tan elementales como el conseguir alimentos y asistencias financieras. Las autoridades, de acuerdo con sus objetivos y programas, pueden facilitar la acción de entrega de canastas y el propio proceso de vacunación. El manejo de los bienes municipales y la adjudicación de beneficios, el establecimiento de condiciones, la focalización o no para acceder a estas ayudas, pasa muchas veces por las municipalidades.

La forma en que los gobiernos se enmarquen en administrar el Estado por un período determinado queda dentro de la próxima Carta Magna que se escribirá, y este marco que determina el actuar del Gobierno se sigue desarrollando con los mayores comicios del siglo, según algunos analistas políticos, por la importancia y la significancia que recae en la progresión de hechos.

Si la duda persiste en quienes no le encuentran sentido, aún queda como labor para académicos, docentes y profesionales ser capaces, en todo el período que viene, en hacerles coherencia y concretarlas consecuencias de las elecciones que vivimos este fin de semana y que puedan indicarlas de manera clara a sus familiares y amigos para promover la participación de una manera íntegra y transversal.