¿Qué esperar del próximo 21 de mayo?

Quedan pocos días para que, cumpliendo con la orden que le impone el art. 24, inc. 3° de la cuestionada Constitución Política, que señala que “El 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno”, la mandataria llegue temprano al edificio de Valparaíso, donde será recibida por una comisión de pórtico de diputados y senadores, en un largo aplaudido inaugural. Para saber que hasta ese momento las cosas serán así, no se requiere ser adivino.

Lo que nadie puede imaginar es con qué sorpresas nos asombrará este año la Jefa de Estado. Recordemos que el año pasado, entre otras tantas iniciativas, se anunciaron la creación de los ministerios de Ciencia y Tecnología; de Asuntos Indígenas; y la readecuación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por una nueva cartera de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la Subsecretaría de la Discapacidad. En el mismo discurso se anunció el inicio de la implementación de la gratuidad universal, ofrecida anteriormente a la ciudadanía en el programa de gobierno. Desde aquel momento, fue uno de los temas que más discusión generó ante la opinión pública, dada la multiplicidad de actores, demandas e intereses que confluyen en esta materia.

Así fue como, con el paso del tiempo, entre reuniones, sucesivos borradores e insólitas excusas, el Ministerio de Educación reducía en diversas ocasiones la cantidad de sujetos beneficiarios, la estimación de presupuesto requerido y las instituciones asignatarias. Una improvisación prácticamente sin precedentes, considerando la trascendencia del tópico en cuestión: no solo recursos, sino que la educación superior técnica, profesional y universitaria de miles de jóvenes del país.

Al final, y actuando en sentido contrario a toda recomendación técnica, la gratuidad no radicó en una ley de educación superior, sino que se incorporó como glosa en la Ley de presupuestos de 2016, y excluyó precisamente a las entidades donde se educan los jóvenes más vulnerables del país: los institutos profesionales y centros de formación técnica.

Algunas autoridades universitarias lo han deslizado tímidamente, pero el Rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, ha sido explícito: si la gratuidad 2017 se repite utilizado la misma cuestionada opción legislativa, él se baja.

A propósito de descoordinaciones, y solo a título de paréntesis, cosa similar ocurrió con la Reforma Laboral, recientemente aprobada por el Congreso Nacional, pero a la que el Tribunal Constitucional le dio un portazo por errores y descoordinaciones cuya responsabilidad única recae en el Gobierno, por un mal trabajo pre legislativo y por la redacción de normas inconstitucionales en el respectivo proyecto de ley. Aun cuando es noticia en desarrollo, la Presidenta de la República ha ejercido su derecho al controvertido veto presidencial, institución política característica de un sistema político de presidencialismo exacerbado como el nuestro.

Por estos días, todos los ministerios preparan una batería de medidas para que sean anunciadas el próximo sábado 21 de mayo. Todo ello, claro está, con la venia de los ministros de Hacienda, tutor de la billetera fiscal, y del Interior y Seguridad Pública, ya que en su calidad de Jefe de Gabinete, debe ser el contralor de las agendas.

La cartera de Educación, en particular, más allá de nuevos anuncios, idealmente debería proporcionar al discurso de la Presidenta información relativa al conjunto de leyes que se enviarán al Congreso con motivo de la reforma a la educación superior: aseguramiento de la calidad y acreditaciones, institucionalidad, financiamiento y fiscalización de la regulación. Toda esta falta de definiciones tiene, hasta el momento, a varias universidades que ingresaron al régimen de gratuidad asumiendo las pérdidas operacionales que el sistema les impuso, deteniendo inversiones esenciales, tales como infraestructura e investigación y servicios generales no docentes.

Es de esperar, luego de una confusa agenda político legislativa del año 2015, más claridad respecto de lo que esperan las instituciones de educación superior, los alumnos y sus familias para la formación de las futuras generaciones de ciudadanos del país.