Discapacidad, inclusión laboral y realidad de un proceso que avanza en Chile

Según los datos proporcionados por el II Estudio Nacional de la Discapacidad del año 2015, en Chile 2.836.818 personas se encuentran en situación de discapacidad, lo que se traduce en un 16,7% del Total Nacional. Éste estudio, coloca a disposición una serie de antecedentes, lo que contribuye a generar líneas de acción entre las diversas entidades de carácter público como privado que poseen entre sus quehaceres institucionales, la inclusión de personas en situación de discapacidad como anhelo tangible y concreto. El Primer Estudio de la Discapacidad en Chile (2004) señala que la falta de especialización en las personas que poseen discapacidad afecta a la posibilidad de encontrar trabajo, indicando que la prevalencia de discapacidad entre las personas que no estudian es de 16,3% mientras que es de un 3,9% entre las que estudian.

Si bien estos antecedentes son extrapolables a toda la población (años de estudio / oportunidades laborales). La discriminación laboral por discapacidad comprende un eje importante dentro de las Políticas Públicas, qué se ha ido tornando obligación por parte de los gobiernos desde el regreso a la democracia ejemplificado en la Ley 20.422. Sin embargo, SENADIS evidencia a partir de las distintas organizaciones y de personas en situación de discapacidad, la existencia de “obstáculos” en el acceso al derecho al trabajo, teniendo en cuenta estas observaciones es posible señalar los siguientes impedimentos:

La escasez de fuentes laborales dependientes y la estigmatización que promueve inhibición en la inserción laboral, destacándose en casos de personas con discapacidad mental. La inadecuación de los procesos de selección para las personas con discapacidad y exigencias que limitan su participación, como ocurre en la aplicación de pruebas estandarizadas.

Según el INDH (2012) la oferta pública a personas en situación de discapacidad se limita a generar fondos concursables enfocados en capacitación y habilitación laboral más que en la creación de puestos de trabajo estables en el mercado. Uno de los avances señalados por el INDH en materia legislativa, ocurre el año 2018 y tiene relación con la promulgación de La Ley Nº 21.015 de Inclusión Laboral la cual tiene por finalidad promover una inclusión laboral eficaz de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado. Entre los principales temas que aborda es como las empresas (públicas y privadas) con 100 o más trabajadores y trabajadoras deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad, respetar la dignidad de las personas con discapacidad mental eliminando la discriminación salarial y fijando en 26 años la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad entre otras además de contar con garantías en los procesos de selección laboral del Estado.

Dentro de los elementos distintivos de la ley como avance en materia de inclusión laboral para personas con discapacidad es importante señalar dos aspectos el primero que se establece la reserva legal de trabajos o acceso al empleo, para lo cual se propone destinar al menos un 1% de los puestos públicos y privados a personas que siendo idóneas para la función posean alguna discapacidad estableciendo una medida especial para fomentar el ingreso de personas con discapacidad a los órganos y servicios públicos y empresa privada. Y como segundo punto importante de resaltar es el proceso de selección, preferentemente a personas en situación de discapacidad, que se encuentren en las mismas condiciones de mérito estableciendo la realización de adaptaciones para que estas personas puedan participar en igualdad de condiciones en las pruebas o etapas de selección establecidas.

Si bien la promulgación de la Ley 21.015 ha mostrado ser un importante avance en materia de inclusión de personas con discapacidad en Chile, las cifras evidencian la necesidad de seguir trabajando en inclusión. En Chile hay 2.800.000 personas con discapacidad, de las cuales el 50% pertenece a los dos quintiles más pobres de la población. Si consideramos al Estado como el principal garante de derechos y deberes de todas y todos sus soberanos es indispensable incorporar de forma transversal la dimensión de inclusión en todas sus políticas públicas y sociales, si en todas. Sólo así es posible un impacto profundo y sostenible a largo plazo, donde además inclusive sea medible el aporte al desarrollo económico de este colectivo al país y deje de ser un mito o simplemente una cobertura de derechos.