¿Crisis de Gobernanza en el Sistema Universitario Chileno?
Durante la última década, diversos estudios nacionales e internacionales interpelan a nuestras autoridades políticas y al sistema universitario a introducir cambios y mejoras que permitan superar las condiciones de sobreendeudamiento de las familias que invierten en estudios universitarios, y fortalecer la institucionalidad del sistema para resguardar mayor transparencia, probidad, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos invertidos en un sector estratégico para el desarrollo del país.
La gobernanza no solo implica que el Estado funcione de mejor manera, también es fundamental que se generen condiciones para la articulación y cooperación entre el mundo público y privado, que permita canalizar los esfuerzos hacia el logro de un mayor bienestar social sustentado en la generación de bienes públicos como es la Educación. El sistema universitario, tiene hoy la posibilidad de avanzar hacia la construcción de una gobernanza sistémica y multinivel consistente con los desafíos de desarrollo del país, siendo estratégico contar con nuevas instancias de diálogo y organización sectorial que supere la lógica dicotómica entre universidades tradicionales y privadas.
Se requiere que el Estado cuente con más herramientas para controlar un sistema que desde la reforma de los 80’ se ha caracterizado por su alto grado de desregulación, los avances en este ámbito se sustentan en la creación de una superintendencia y el fortalecimiento de los procesos de acreditación, lo que contribuye a vigilar la sustentabilidad del sistema y sus instituciones, así como la utilización óptima de los recursos públicos, los que son escasos y aportados por todos los ciudadanos.
El Estado debe cumplir un rol activo en educación superior, haciéndose cargo de las universidades públicas e invirtiendo en su desarrollo, para ello es necesario contar con una política diferenciada de financiamiento basada en mecanismos de desempeño y rendición de cuentas, como ha sido tradición en el actuar de un Estado responsable. En este sentido, la política de financiamiento público es un piedra angular para el sistema universitario, pero no puede ser el instrumento mediante el cual Estado (o el gobierno de turno) presione a las instituciones y las controle centralizadamente, la actual propuesta de acceso a la gratuidad es una propuesta improvisada que no se hace cargo de los impactos en calidad y funcionamiento de las universidades.
Universidades públicas y privadas deben estar abiertas a mayores estándares de exigencia, probidad y transparencia, pero bajo el entendido que estamos ante actores de diferente naturaleza, lo que hace necesario contar con instrumentos y mecanismos diferenciados, que resguardando la autonomía, no implique propiciar que se mantengan o existan feudos universitarios. Sin embargo, esto es insuficiente, ya que se requieren políticas que fortalezcan el sistema universitario en todas sus dimensiones, teniendo en consideración la dinámica y flexibilidad que se requiere para la gestión y el desarrollo de las universidades, las que deben proyectarse para ser competitivas en un contexto global.
En resumen, se requiere una mejor institucionalidad, con políticas e instrumentos pertinentes, pero por sobre todo es clave contar con mejores condiciones de gobernanza para el sistema universitario, que involucre a los diversos actores que componen un sistema complejo, de alto nivel intelectual y profesional, donde intervienen e interactúan múltiples variables y actores claves para el desarrollo de nuestra sociedad.