Ex Fiscal Carlos Gajardo: “Un país necesita confiar en sus instituciones”

En la inauguración de los Diálogos Públicos organizados por la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás, el invitado fue el ex fiscal del Ministerio Público, Carlos Gajardo, reconocido a nivel nacional tras liderar casos judiciales emblemáticos.

Carlos Gajardo es abogado de la Universidad de Chile y desempeñó el cargo de fiscal del Ministerio Público en la Región del Maule entre los años 2001 y 2004, posteriormente se trasladó a la Fiscalía Metropolitana Oriente investigando delitos de alta complejidad, entre los que destaca el Caso Penta, Soquimich y Corpesca, entre otros.

Posterior a su salida del Ministerio Público, Gajardo se ha dedicado al ejercer como abogado en su estudio jurídico junto al también ex fiscal Pablo Norambuena, además de entregar su opinión sobre el acontecer político y jurídico nacional con agudas y punzantes intervenciones a través de distintos medios.

¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades del trabajo del Ministerio Público?

“Tiene una fortaleza que tiene que ver con el rol que la Constitución le ha entregado que es efectuar la persecución penal, llevar adelante las acusaciones y darles protección a las víctimas, y eso implica un despliegue territorial en todo el país como pocas instituciones tienen, y que sea por lo tanto la que esté encargada de preocuparse de cada una de las situaciones en las que es posible avizorar delitos. Dentro de esas fortalezas tiene un grupo humano yo creo que bien catalogado y capacitado que le permite llevar adelante estas tareas. Junto a eso hay una serie de desafíos que tienen que ver con lograr mayor y mejor efectividad en la resolución de casos. La ciudadanía a veces siente que la delincuencia está un poquito en número más allá de lo que corresponde y ahí la fiscalía algo tiene que decir y hay un desafío muy importante creo yo en tratar de asegurar a todas las personas la igualdad ante la ley. Eso es complejo porque muchas veces casos en que hay personas involucradas con un mayor poder adquisitivo, mayor poder, pareciera que la fiscalía no tiene la misma intensidad en la persecución penal y eso en un sistema democrático es muy complejo porque genera esta sensación de dos clases de justicia”.

Dados los últimos acontecimientos conocidos por la opinión pública ¿Se puede hablar de una crisis en el Ministerio Público?

“Yo creo que hay una crisis en el sistema de justicia en general, lo que ha pasado en Rancagua en las Cortes de Apelaciones y lo que ha pasado en el Ministerio Público con investigaciones importantes donde no ha habido igual tratamiento a los imputados, hace que la justicia esté un poquito en crisis y creo que es una situación que es compleja porque nos termina perjudicando y afectando a todos porque un país necesita confiar en sus instituciones. Hay estudios que nos hablan que en Chile el nivel de confianza en las instituciones de justicia es extremadamente bajo en comparación con otros países semejantes, es cercano al 15%. Eso trae aparejado una serie de consecuencias como, por ejemplo, que muchas veces no se denuncian algunos hechos porque no se confía en que serán investigados o está la intención de recurrir a la justicia por propia mano. Esos dos fenómenos son muy complejos cuando hay poca confianza en la justicia”.

¿La sensación de que la justicia no se aplica de igual forma a todos fue lo que motivó su salida del Ministerio Público?

“Sí, nuestra salida fue muy conocida, cuando renunciamos expresamos públicamente los motivos de esa renuncia que tenía ver justamente con un caso que yo creo que para el país era muy importante, que eran las investigaciones políticas donde efectivamente se ponía el poder bajo el escrutinio de la justicia y la investigación de los fiscales finalmente la fiscalía no tuvo la fortaleza institucional para demostrar que estaba haciendo una persecución en que no se miraba el poder que tuvieran los imputados. Y cuando eso quedó de manifiesto fue que tomamos la decisión de apartarnos de la institución, una decisión muy dolorosa por supuesto, pero que creo que fue muy justificada”.

¿Cuáles fueron los principales beneficios y costos que debió asumir en su paso por el Ministerio Público?

“Siempre he dicho que en lo personal solo saco cuentas positivas de mi paso por el Ministerio Público. Primero que nada, porque fue un período en que como persona me desarrollé en muchos ámbitos, me hizo muy feliz. Haber estado en la fiscalía lo considero como un privilegio, tuve la suerte de estar en un proceso fundacional cuando partía el sistema en esta región, me tocó empezar como fiscal en Molina y en Curicó después instalando el sistema y luego hacer lo mismo en Santiago. Todo en términos profesionales fue muy desafiante, pero además en términos personales me pasaron un montón de cosas, estuve 17 años en la fiscalía. Siempre digo que comencé como fiscal siendo un hijo y me fui cuando era un padre. Volví a ser fiscal en Curicó y volví a la casa de mis padres que fueron tres años que atesoro muchísimo. En esos años crecí, me casé y tuve hijos y cuando me retiré de la fiscalía ya mis hijos tenían 10 y 12 años, mi señora también es fiscal, la conocí en esta institución entonces solo tengo palabras de agradecimiento. Hubo momentos complejos, por cierto, pero siempre tuvimos mucha convicción en lo que estábamos haciendo y mucho apoyo de nuestro círculo íntimo de personas”.

Cuando se implementa la Reforma Procesal Penal una de sus características es el carácter público de los procesos. ¿La denominada Ley Mordaza impuesta por el fiscal nacional Jorge Abbott fue un retroceso en este ámbito?

“Fue un intento de efectuar un retroceso que justamente por la presión de los propios fiscales, de la Asociación de Fiscales y de la gente en general, no tuvo acogida. El sistema se basa, es un principio del sistema la publicidad y la transparencia y dentro de eso hay una labor que tiene el fiscal de explicarle a la comunidad de frente las actuaciones que realiza, lo que está sucediendo, todo ello obviamente sin vulnerar la debida reserva que tiene una investigación. Pero la obligación de explicar el contexto general de una causa está dentro de las labores del fiscal y por lo tanto esa idea peregrina que tuvo el fiscal nacional de impedir esa comunicación finalmente no fructificó”.

¿Cuál es su visión sobre los casos de corrupción detectados dentro del Poder Judicial?

“Creo que viene a ratificar una tendencia que tiene que ver con que nuestras instituciones en general, a diferencia de lo que creíamos, no están ajenas al fenómeno de la corrupción. Lo hemos visto en distintas instituciones y con distintas fórmulas; desde los descubrimientos en las Fuerzas Armadas y Carabineros que han sido muy dolorosos por la noble función que realizan; lo que se ha descubierto con la colusión en las empresas; en el tema político, la manera en que se financiaban los partidos y las campañas y cómo empresas presionaban para conseguir leyes a su favor; lo que se ha descubierto en la Iglesia que es una forma de corrupción y de abuso de poder también y hasta en el fútbol, ya que tuvimos a un ex presidente de la ANFP que hoy está en Estados Unidos, sujeto a un proceso por corrupción también. Entonces tenemos distintas muestras que evidencian que tenemos un problema de corrupción probablemente no al nivel de otros países, pero sí un problema grave que dificulta nuestro desarrollo, que hace que existan mayores injusticias y a ese fenómeno tampoco está ajeno el poder judicial de acuerdo a lo que ocurrió en Rancagua. Todo eso es un cuadro que creo que debiera preocuparnos y ocuparnos a buscar soluciones para que estas conductas no proliferen”.

Desde su punto de vista, ¿Qué cambios debieran implementarse para garantizar la aplicación de la justicia y la igualdad de derechos en Chile?

“Hay muchas cosas donde hay que hacer pequeños ajustes, sin duda tenemos un problema con la ley sustantiva, nuestro código penal en general establece una serie de diferencias que hace que sea mucho más grave y mucho más penado delitos que tienen que ver con medios de comisión material y está bien que esos delitos estén fuertemente sancionados (robar, matar, etc.), pero junto con ello existen otra serie de conductas que se realizan por medios más bien inmateriales que son extraordinariamente graves y que no tienen una sanción semejante aparejada, las estafas, la colusión, la corrupción, donde más bien hay cierta elaboración para efectuar una conducta delictiva y que además esa conducta daña a un número mucho mayor de personas. Esas conductas no tienen aparejadas sanciones igualmente graves como las de robar o de matar y creo que eso debiera modificarse. Ahí creo se debiera hacer una modificación sustantiva a los cuerpos penales, pero junto con ello es importante modificar las instituciones para que cuando descubran esas conductas las persigan con la misma intensidad y no estén pensando en obtener ventajas secundarias de esa persecución. Ahí creo que hay una parte fundamental que tiene que ver con el sistema de nombramiento, la manera en que se nombra a jueces, ministros y fiscales, ministros de corte suprema y fiscal nacional es una manera creo yo, que hoy está muy contaminada con la influencia política y eso debiera limpiarse a la brevedad. Me parece que el Gobierno ha enviado una propuesta muy interesante en cuanto a crear concejos más técnicos para estos nombramientos por supuesto habrá que estar atentos a que esos concejos no se politicen y que sean efectivamente al menos semi técnicos, pero no han hecho ninguna propuesta para los nombramientos más importantes que son los de miembros de la corte suprema y fiscal nacional que siguen hasta ahora como se han hecho siempre y creo que el sistema ha demostrado que tiene muchas falencias porque se presta para mucha presión en favor y luego para que se cobren esos favores. Básicamente ahí creo se deben hacer modificaciones que aseguren la transparencia y mayores criterios técnicos y de meritocracia para que se realicen esos nombramientos”.

¿Cómo influye la formación profesional de los futuros abogados en los cambios que debieran implementarse en el sistema judicial en Chile?

“Eso es fundamental, es este el lugar. Son las universidades el lugar donde debe impregnarse a los alumnos futuros profesionales del sentido de ética, de la responsabilidad de su trabajo, de la importancia de su trabajo, de las consecuencias que tiene un mal desempeño profesional y eso desde la teoría, pero también mucho desde la práctica y de la manera en que se relaciona la comunidad universitaria también. Por ejemplo, por eso personalmente he celebrado mucho el movimiento que nació a partir de las universidades respecto al respeto al género, creo que las mujeres han dado una lucha súper importante de generar mecanismos de relación que sean más justos, más paritarios y eso se ha ido extendiendo a otros ámbitos. Lo que pasó ahora en el colegio de abogados no se explica sino por las movilizaciones que hubo el año pasado. Hay todo un ámbito en la universidad que creo es fundamental en la formación de los futuros profesionales”.

¿Qué mensaje podría darles a los estudiantes para no perder de vista el rol que les cabe en la correcta aplicación de justicia en nuestro país?

“Lo primero que les diría y aquí empiezo a pensar casi como papá, es la importancia de estudiar. Cuando uno está en la universidad se está formando y pasan cosas maravillosas porque es una edad irrepetible donde se hacen amigos que perduran para toda la vida y toma decisiones. Se elige la carrera profesional, se elige la pareja que te acompañará el resto de tu vida, entonces es una etapa muy importante y en eso formarse adecuadamente es trascendental. No despreciar ni quitarle valor al estudio, la formación que hoy están adquiriendo les va a permitir el día de mañana ser mejores profesionales, pero junto con el estudio es importante también cuestionarse, preguntarse si están bien las formas en que nos estamos relacionando, en que nos estamos comunicando. Ahí creo que los estudiantes nos están dando mensajes muy potentes. Este es un momento en sus vidas que es muy trascendental y deben aprovechar al máximo todas las oportunidades que tienen”.