Escuela de Derecho de la UST debatió en coloquio sobre modificaciones a la Ley Antiterrorista

Estudiantes de los distintos niveles de la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás Talca, participaron de un coloquio denominado “Perspectivas de Modificación de la Ley Antiterrorista”, realizado el martes 14 de agosto en dependencias de la Clínica Jurídica de la UST.

En la ocasión, los expositores fueron el académico de Santo Tomás, Rodrigo Medina, Abogado de la Universidad Católica de Chile, con más de 25 años de trayectoria. Es Magíster en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Católica de Chile, Magíster en Filosofía de la Universidad de Chile y alumno del Doctorado en Derecho en esa casa de estudios.

Ha sido asesor legislativo, consultor en Derecho, y se ha convertido en uno de los mayores exponentes nacionales en materia de Probidad y Transparencia, llegando a ser secretario ejecutivo del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional y de la Comisión de Transparencia durante el gobierno de Ricardo Lagos. También ha representado a Chile en la APEC en esa materia.

Asimismo, fue Jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Académico en numerosas universidades nacionales.

El segundo expositor invitado fue el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, Raúl Carnevali, quien posee el grado de Doctor en Derecho Penal de la Universidad de Navarra, España y postdoctorado de la Universidad de Milán. Experto en Derecho Penal, es autor de numerosas publicaciones, libros y artículos, y participa además de importantes investigaciones en el área.

Durante el encuentro ambos plantearon sus posturas respecto a la actual Ley Antiterrorista vigente en nuestro país y los proyectos ingresados al Congreso para su modificación. A juicio de Rodrigo medina, lo importante del espacio generado por la UST fue la posibilidad de debatir sobre las posibilidades de modificación de esta normativa.

“Hay tres proyectos en tramitación, dos que se ingresaron durante el gobierno anterior y una indicación que se acaba de ingresar por parte del Presidente Piñera. Lo que se está debatiendo básicamente es cómo definimos el delito terrorista y las medidas intrusivas que se permiten durante el proceso de investigación a las policías y a los fiscales. Se pide en el fondo coordinar las atribuciones que existen en diferentes legislaciones especiales como por ejemplo, la ley de seguridad interior del estado, la ley de drogas, etc., haciendo extensivas cosas de ellas que no están presentes en la Ley Antiterrorista como el cooperador eficaz, los agentes encubiertos y otros. Además se pide que lo invasivo se realice con autorización judicial, cosa que hoy día no ocurre”, explicó.

Medina agregó que su postura personal es que se “debe hacer una buena definición de este tipo de delitos sobre la base de ciertos elementos que la doctrina comparada por lo menos ya ha decantado, aunque no todo el mundo está de acuerdo, y son básicamente dos, el fin político y el hecho de que estas conductas se realizan sobre la base de organizaciones terroristas”.

Por su parte Raúl Carnevali dijo que su foco estuvo en las particularidades del terrorismo y cómo distinguirlo de otro tipo de comportamientos, “y saber cuáles son los bienes protegidos cuando hablamos de terrorismo”.

“Muchas veces en el terrorismo se cometen delitos comunes (homicidios, lesiones) que ya están tipificados, pero la pregunta es cuál es la connotación que lo hace distinto. Es decir, qué hace que un homicidio no sea sancionado como tal y sea sancionado como delito terrorista. Lo que lo hace diferente es la connotación política que tiene y el alcance que se busca con ello que es socavar fundamentalmente las instituciones del país, alterar el orden constitucional, suplantar entre comillas al Estado para que se sienta coaccionado por la presión que despliega alguna organización. Se mata, pero con una connotación que lo hace distinto a otra muerte”, explicó.

Carnevali también comentó que desde su visión, las principales debilidades que tiene la ley actual tienen que ver con la dificultad que tiene la actual norma de precisar cuándo se está frente a un delito terrorista.

“Los otros cuestionamientos son desde el punto de vista procesal, los tratamientos que se le dan a determinados testigos. Eso lo hace muy cuestionable desde el punto de vista garantístico y que ha generado fuertes críticas por parte de los organismos internacionales. Eso es lo que la hace ser una ley que requiere ciertos tratamientos y adecuaciones a los órdenes internacionales”, concluyó.