Derecho UST organiza Seminario Internacional: “Contratación Pública Estratégica y Tribunales de Contratación Pública”

Con la presentación de destacados expositores, la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás (UST), realizó en modalidad virtual el Seminario Internacional: “Contratación Pública Estratégica y Tribunales de Contratación Pública”, actividad de extensión académica del Magíster en Derecho Público que fue organizada junto al Seminario de Estudios de la Unión Europea y la colaboración de la Red Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP).

En la instancia, expusieron entorno a la temática: Encarnación Montoya, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y Presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Parlamento de Andalucía (España); Pablo Alarcón, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Finis Terrae, y del LLM-UC, además de desempeñarse como Presidente del Tribunal de Contratación Pública; Elard Ortega, Gerente Asociado, División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, Costa Rica.

De esta manera, la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, Encarnación Montoya, abordó en su exposición el tema de “la huella de carbono como cláusula ambiental en la contratación pública: su aplicación a las empresas mineras”. En ese sentido, destacó como principio fundamental en la regulación que “los instrumentos de los que se ha dotado el derecho ambiental sean eficaces”, es decir, medibles.

En relación con la contratación pública estratégica y la regulación de un indicador ambiental en España, la académica aclaró que al igual que otros países dentro de la Unión Europea, se trata de un Estado descentralizado, detallando que “tenemos competencias estatales, algunas en exclusiva y otras son compartidas con las comunidades autónomas”.

 

Criterios de sostenibilidad ambiental y social

Por su parte, Elard Ortega, Gerente Asociado, División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República de Costa Rica, sostuvo que desde diciembre del 2022, a través de una modificación a la Ley General de Contratación Pública, cambió el modelo de gobernanza, variando los procedimientos, incorporando figuras contractuales y particularmente un apartado específico sobre contratación pública estratégica, en donde agrega los criterios de sostenibilidad ambiental y social, además de un capítulo referente a la compra pública de innovación.

En tanto, Pablo Alarcón, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Finis Terrae, y del LLM-UC, recordó que “el sistema chileno de compras públicas tiene una importante modificación hace ya 20 años, cuando se dicta la Ley 19886 de Bases Generales del Contrato de Suministro y Prestación de Servicio, conocida popularmente como ley de compras públicas, donde se buscó modernizar el sistema que existía hasta antes de la dictación de esta ley”, destacando así, la implementación del sistema de información de compras públicas, conocido como Mercado Público.

Asimismo, de acuerdo explicó el experto en Derecho Administrativo, otra de las implicancias que significó la modificación de la Ley 19886 fue la creación del Tribunal de Contratación Pública.

Cabe destacar que los expositores coincidieron en que una de las principales relevancias de contar con sistemas eficaces de contratación pública radica en que conforman un importante porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de los países.