En Santo Tomás Temuco: Fundación Aitué presentó Indicador de Políticas Multiculturales en Chile para Pueblos Originarios

La Fundación Aitué presentó en Santo Tomás Temuco el estudio “Indicador de Políticas Multiculturales en Chile para Pueblos Originarios”, una investigación desarrollada por el doctor en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Felipe Sánchez Barría, que aplica por primera vez a Chile el Multicultural Policy Index (MPI), herramienta utilizada internacionalmente para evaluar el reconocimiento institucional, jurídico y político hacia los pueblos indígenas, y compararlo con la experiencia internacional.

El lanzamiento se realizó el 11 de agosto en dependencias de Santo Tomás Temuco, institución que colaboró en la organización de la actividad, y reunió a autoridades, académicos y representantes de organizaciones indígenas de La Araucanía. La instancia contó con un panel de comentaristas integrado por el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Ignacio Malig, y el académico y doctor en Derecho y académico de Santo Tomás, Danko Jaccard.

Un instrumento para medir el reconocimiento a los pueblos indígenas

El estudio toma como referencia el Multicultural Policy Index (MPI), instrumento desarrollado originalmente por un equipo de investigadores liderado por Keith Banting y Will Kymlicka, de la Universidad de Queen’s, en Canadá, y diseñado para medir la evolución de las políticas multiculturales en las principales democracias del mundo. El índice pone especial atención en tres grupos —minorías inmigrantes, pueblos indígenas y otras minorías nacionales— y, en el caso de los pueblos originarios, considera nueve indicadores que examinan, entre otros aspectos, el reconocimiento de derechos territoriales, la protección de derechos culturales, las garantías de representación política y el reconocimiento institucional y jurídico de los pueblos indígenas.

Aplicar el MPI al caso chileno permite, según señala la investigación, situar a Chile en un mapa comparativo junto a países con una tradición más consolidada en la materia, como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, además de evaluar de manera sistemática la legislación vigente —como la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT y el Decreto Supremo N° 396, entre otros instrumentos— e identificar avances y brechas pendientes. El estudio destaca que, si bien Chile no cuenta con reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sí existe reconocimiento en la legislación, junto con una serie de derechos asociados, y que el índice permite visibilizar esa diferencia y precisar el alcance efectivo de las políticas existentes.

Interculturalidad como horizonte, multiculturalidad como marco metodológico

En su intervención, el presidente de la Fundación Aitué, Carlos Llancaqueo, valoró el aporte del estudio y subrayó la importancia de contar con evidencia rigurosa para analizar las políticas públicas indígenas. Explicó, además, por qué la Fundación optó por mantener el concepto de “multiculturalidad” en esta investigación, pese a que su horizonte institucional es la interculturalidad.

“Nosotros preferimos hablar de interculturalidad antes que de multiculturalidad. No se trata solamente de una diferencia de palabras: para nosotros, la interculturalidad pone el acento en la relación entre culturas, en el encuentro, el diálogo y el reconocimiento recíproco. Sin embargo, en este estudio hemos decidido mantener la palabra ‘multiculturalidad’, y lo hacemos conscientemente: el indicador fue construido sobre la base del Multicultural Policy Index, instrumento que utiliza precisamente ese concepto como marco para evaluar las políticas públicas. Cambiar la denominación habría significado alterar el concepto y el instrumento sobre el cual se construye esta investigación”, señaló Llancaqueo.

El presidente de Aitué agregó que la Fundación espera que el estudio “no sea solamente un ejercicio académico o una fotografía de la situación actual”, sino un insumo para el debate público y para quienes tienen la responsabilidad de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas orientadas a los pueblos originarios.

El director de CONADI, Ignacio Malig, destacó la relevancia de contar con un análisis de las políticas públicas en materia indígena:

“Es relevante el análisis de las políticas públicas en materia indígena, viendo el nivel de cumplimiento que tiene el Estado de Chile a través de los distintos instrumentos, como la Ley Indígena, el Convenio 169 y otros instrumentos que el Estado de Chile ha dispuesto en favor de los pueblos indígenas, y cómo esto impacta en las políticas públicas. Buscamos aterrizar estos avances para lograr una adecuada participación, de manera que incidan positivamente en la vida de las personas”, afirmó Malig.

Por su parte, el académico de la Universidad Santo Tomás, Danko Jaccard, relevó el impacto regional y nacional del estudio: “Estamos muy contentos con esta actividad de divulgación de los resultados de un estudio acabado sobre la temática indígena, que impacta directamente en la región de La Araucanía. Creemos que no solo tiene una aplicación regional, sino también nacional, porque permite abrir perspectivas que nos ayudan a desarrollar de mejor manera este tema”, señaló Jaccard.