FACTORES PSICOSOCIALES DE LA VIOLENCIA JUVENIL EXTREMA EN AMBIENTES EDUCATIVOS

Hablar acerca de los factores implicados en los actos de violencia extrema observados en establecimientos educativos los últimos meses no es sencillo, puesto que son múltiples los elementos a considerar. Ahora bien, si se circunscribe el análisis a lo eminentemente psicosocial, podrían establecerse algunos puntos clave derivados de la evidencia que existe al respecto.

Uno de los aspectos que comúnmente se menciona como posible causa de estas situaciones, son los trastornos psiquiátricos que una persona podría presentar al momento de ejercer violencia. Al respecto, la literatura muestra que en los últimos 20 años se ha observado que muchas veces quienes cometen actos altamente violentos presentan cuadros como dependencia al alcohol y/o drogas ilegales; esquizofrenia; trastornos bipolares; trastorno de personalidad antisocial o borderline; trastornos del ánimo, entre otros. En muchos de estos casos, se despliegan manifestaciones como sensación grandiosidad o de excesiva autovalía; búsqueda de estimulación intensa; mentiras patológicas; tendencia a la manipulación y a la falsedad o ausencia de remordimiento y culpa. Sin embargo, y esto es muy relevante, estas categorías psicopatológicas no son capaces de explicar por sí mismas los actos de violencia extrema y, mucho menos, los motivos profundos que llevan a alguien e ejecutarlos.

De ese modo, es necesario ampliar el análisis y considerar diversos factores bio-psico-sociales para poder acercarnos a una comprensión más cabal de este problema, entre ellos aquellos contextos y situaciones que podrían transformarse en factores de riesgo si no se intervienen oportunamente. Por ejemplo, pertenecer a un estrato socioeconómico bajo cuando en este hay aceptación de conductas antisociales; pertenecer a un estrato socioeconómico alto cuando hay agresión física en la juventud; un ambiente familiar desfavorable, con escasa comunicación; estrategias de crianza disfuncionales; el inicio temprano de la actividad sexual; el portar armas; la escolaridad baja; la presencia de criminalidad en los padres; pertenecer a pandillas; el maltrato infantil; la percepción de estar sufriendo alguna pérdida insoportable, incluyendo la pérdida del sentido de vida; estar experimentando alguna forma de exclusión, marginación, intimidación, humillación, rechazo, abandono o maltrato físico y psicológico, todas manifestaciones que serían percibidas como intolerables por los adolescentes y jóvenes al momento de desarrollarse los comportamientos violentos. Evidentemente, tales experiencias vitales desencadenantes se podrían potenciar con sentimientos de soledad y de escaso apoyo, cuando no hay una relación cercana y significativa con adultos responsables, principalmente en el núcleo familiar. De este modo, el ataque violento será concebido por el perpetrador como un acto de sublevación; como venganza; como con un ajuste de cuentas y la posibilidad de darse a respetar o de mostrar superioridad ante eventuales enemigos; como una forma de darse a conocer ante la autoridad mediante la fuerza o como un acto que representa, para quien lo lleva a cabo, la única o última solución ante un problema que percibe como imposible de vivir.

A todo aquello, se pueden sumar factores como la inequidad social; la normalización de la violencia por parte de los medios de comunicación y de las redes sociales; la cultura del consumismo y del hedonismo; el individualismo postmoderno; la escasa solidaridad social y cualquier contexto social que priorice el tener o el aparentar por sobre el desarrollo humano y el ser.

Se entiende así, que pueden ser innumerables las posibles causas de esta problemática y los posibles escenarios que gatillen o faciliten la ocurrencia de eventos altamente violentos en contextos educativos, de modo que lograr un pleno control será muy difícil para los docentes y asistentes de la educación que tienen la misión de forman y regular intelectual y emocionalmente a los niños, niñas y adolescentes en las escuelas y las universidades.

Por lo pronto, sabemos que más de un 90% de los casos de perpetración de violencia son ejecutados por personas de género masculino, y que el inicio de la violencia se estima en los 11 años. Estos datos, sumados a los anteriormente citados, pueden servir de punto de partida para que la familia, que es la institución social con mayor responsabilidad en la solución a este problema, pueda actuar favorable y oportunamente orientando en valores y en la no aceptación de la violencia; evitando las agresiones y toda forma de abuso o daño al interior del núcleo familiar; aplicando formas de crianza funcionales, con una comunicación afectiva y efectiva como principal recurso; acompañando y apoyando a los adolescentes y jóvenes cuando sufran una pérdida, marginación o intimidación; psicoeducando en el uso de medios de comunicación y redes sociales, entre otras tareas, todas ellas acciones que podrían prevenir la violencia extrema de hijos e hijas.

Finalmente, para cuando la violencia ya ha sido detectada, la terapia multi-sistémica será una opción recomendada, es decir, el involucramiento activo de los padres y del ambiente que le rodea a los hijos; la atención psiquiátrica oportuna; el acompañamiento psicoterapéutico y la participación de otros profesionales en el tratamiento de las dificultades concomitantes que puedan ser detectadas.

Referencias:

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-Díaz, J.; de la Peña, F.; Suárez, J. Palacios. L. (2004). Perspectiva actual de la violencia juvenil. Med. UNAB. Vol. 6 Número 20. https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/229
-Finley, L. L. (2014). School Violence: A Reference Handbook. California: ABC-CLIO.
-Gutiérrez, M. (2019). El hacer saber de los motivos de los estudiantes que han tomado las armas en la escuela. Elementos para pensar la violencia escolar extrema. Diálogos sobre educación. Año 10 | 19. https://doi.org/10.32870/dse.v0i19.545
-Heredia, H.; Bergonzoli, G. (2023). Mortalidad por violencia interpersonal en adolescentes y jóvenes en América Latina. Rev Panam. Salud Publica 47. https://doi.org/10.26633/RPSP.2023.91
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FOTOGRAFÍA: Agencia UNO