«El fallo no cuestiona ni afecta la partida presupuestaria destinada a la gratuidad ni la asignación de recursos a tales efectos, sino que demanda estándares de racionalidad y proporcionalidad en las condiciones de elegibilidad de los alumnos, evidenciando que, si bien el Ejecutivo intentó justificar su proyecto en la necesaria progresividad del ejercicio de los derechos sociales y una pretensión de calidad, en realidad el método no servía a tales objetivos», Ángela Vivanco, Vicerrectora Académica Universidad Santo Tomás.

Fuente: El Mercurio

12/12/15
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