Maternidad deseada: la contraconcepción como insumo esencial
En plena pandemia, frente a un escenario por falta de stock, alza de precios y temor a visitar centros de salud por riesgo a contagiarse, muchas mujeres y personas gestantes no pudieron acceder a un método anticonceptivo durante el 2020. No es primera vez que su valor sufre un alza injustificada, debemos recordar también que más de 100 mujeres y personas con útero quedaron embarazadas a través del uso de anticonceptivos defectuosos, y a su vez, ninguna de ellas ha tenido compensación del Estado por tal negligencia.
Tal saturación sanitaria, ha significado que el sistema de salud redirija los recursos indicados para servicios de salud sexual y reproductiva, planificación familiar y prevención en infecciones de transmisión sexual. Un redireccionamiento que implica limitar el acceso a tales garantías, poniendo en riesgo las condiciones mínimas de salubridad a las cuales accedían anteriormente mujeres y diversidades para cuidar de forma responsable su sexualidad.
En este sentido, es que el gobierno no ha desplegado ninguna medida de políticas públicas, que pueda regular tan alarmante situación en la salud reproductiva chilena, las cuales resultan imprescindibles para respetar la autonomía de los cuerpos. Si consideramos que la anticoncepción oral, regula la fecundidad en el pías cerca de un 80% de preferencia como método (Miles, 2021), no hay que olvidar que gran parte de sus usuarios están afiliados a Fonasa. Por tanto, la mayoría puede acceder al retiro en sus consultorios cercanos, o preferir comprar en las farmacias. Entonces, nos enfrentamos a un escenario que por una parte, ofrece métodos que generan desconfianza por un historial donde podrían venir defectuosos y fallar, y por otra, escoger las opciones del mercado que entregan mayor seguridad en su efectividad a cambio de aumentar su precio de manera irregular.
Es decir que, existe una brecha de desigualdad en el acceso a la responsabilidad sexo-afectiva, que consiste en un fenómeno con múltiples áreas, desde desigualdad de género, raza, clase, origen étnico e incluso áreas de residencias rurales o urbanas. El problema de esto, es que no sólo afecta de forma directa e individual con los embarazos no deseados, sino también repercute en la construcción de una sociedad más justa y estable de la mano con una economía inclusiva y sostenible.
A pesar de ser un país con una tasa muy baja de natalidad en Sudamérica, no podemos tomar como estrategia en el control de natalidad limitar el acceso igualitario a la salud sexual y reproductiva, más bien debe reforzarse el Programa Estatal de Planificación Familiar, de tal manera que integre una regulación en la fertilidad de forma responsable, siempre respetando los deseos individuales y autónomos del cuerpo del paciente, ya sea entregándole métodos de contraconcepción seguros para prevenir un embarazo no deseado o un acompañamiento en su maternidad deseada y planificada. Por lo mismo, es que frente a la crisis sanitaria y las vulneraciones que han vivido miles de mujeres y personas gestantes, se debieran considerar los métodos contraconceptivos como un insumo esencial que no esté ligado a desigualdades económicas.
Lamentablemente, a nivel Estatal no hay existen soluciones en las fallas de métodos anticonceptivos, así como tampoco un acompañamiento en el debido proceso de estos embarazos negligentes. Las únicas opciones con las que contamos, son el seguimiento psicológico y paliativo de estas realidades, que también deben fortalecerse en compensación de una falta de recursos igualitarios a la ciudadanía. Para una maternidad sana y respetuosa, es importante informar a la población en educación sexual, entregarle métodos contraconceptivos y las opciones de poder elegir, siempre recordando que estamos en un espacio seguro de derechos humanos, bioética y autonomía del cuerpo.