Ley “Chao Dicom”, no soluciona pero ayuda
El pasado mes de febrero fue promulgada en el Diario Oficial, la ley conocida como “Educación sin Dicom” lo que significa que ninguna obligación financiera contraída por concepto de educación podrá aparecer en el sistema de deudas morosas. Entre estos colegios, universidades, institutos y centros de formación técnica.
Lo anterior es un alivio para muchas personas, principalmente las que se encuentran registradas en el sistema de morosidad existente, lo que les dificulta en términos de acceder a productos financieros como créditos o financiamiento.
Quizás la principal apreciación respecto del tema, es que se puede pensar ¿por qué pese a que una persona adquirió bajo su voluntad una obligación económica, ahora podría quedar exento de que sea registrada como no cumplir con dicho compromiso?.
Son varios los alcances respecto a este punto.
- Estaley no exime el pago de lo adeudado, es decir, la obligación de realizar el pago ante a la entidad financiera, (por motivos de financiamiento educacional), no se anula.
- Eliminan su registro y con ello la posibilidad de efectuar algún tipo de reseña del deudor ante cualquier registro de morosos como es el caso deDICOM.
- Se piensa entre los diferentes organismos financieros que esto da pie al no pago de las obligaciones y ello llevará a que los futuros estudiantes paguen más caros los aranceles y matriculas.
- Otro de los puntos es que las instituciones educativas tengan que cerrar si eventualmente no existe manera de obligar a los usuarios a pagar su deuda.
- Finalmente la banca sugiere si se aprueba esta ley, al tener mayor factor de riesgo de no pago, será mucho más difícil conceder prestamos para educación, perjudicando a una buena parte de la población que no puede acceder al Crédito con Aval del Estado, por ejemplo.
Dicom Equifax, una reconocida empresa que genera informes de deudores morosos, estimó que de las 355 mil personas informadas por el boletín, 255 mil figuran en este con deudas por educación superior y que la iniciativa aprobada en el Congreso beneficiará a 234 mil personas, lo que equivale a $443.072 millones en deudas. Deuda que tendría que financiar el Estado de no ser pagada por los consumidores.
El mayor problema en este caso es que la promulgación afecta un sistema de registro público, que si bien es un gran sistema de registro, no es el único. Es sabido que las empresas funcionan con otros tipos de repositorios de datos, ya sea internos o públicos de cada industria y del cual aún no existe alguna regulación o normativa, pues no siempre se tiene acceso a ellas. Pensando en esto, la ley tiene “buenas intensiones” pero no abarca la totalidad del problema.
Lo importante, más allá del registro o publicación de la morosidad, es que con esta medida, la educación entra en la lista de bienes o servicios que no estarán en el boletín comercial a todo evento, por lo cual se suma a otros bienes básicos como la luz, el agua y el gas, lo que sugiere de alguna forma que la ley y el sistema financiero están “reconociendo” a la educación como un bien básico y primario y que su financiamiento ya no es motivo de caer en morosidades que perjudiquen el futuro de los estudiantes, si bien la ley no soluciona el problema de raíz, en algo ayuda.
Solo queda esperar la siguiente fase de la ley “Chao Dicom” para, lentamente, avanzar hacia una educación de calidad, con todo lo que ello involucra, incluso el financiamiento.