Defensa de la autonomía y la libertad
No convence el Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior. Entonces ¿por qué el gobierno presiona con la suma urgencia, haciéndonos creer que nuestro sistema de educación superior de tradición mixta está sumido en una profunda crisis de legitimidad y confianza? ¿Cuál es el fin de implementar una complicadísima regulación?
La respuesta a la primera consulta es que nuestro sistema de educación superior no está en una crisis de legitimidad, ni de confianza. Con respecto a la segunda, contrario al pensamiento gubernamental imperante, el Premio Nobel de Economía, Robert Stiglitz (Regulación y fallas en Revista de Economía Institucional, Vol. 12, N°23, 2010) señala que: “Los sistemas regulatorios simples y transparentes con limitada discreción reguladora pueden ser más inmunes a la captura [del regulador por parte de los regulados]”.
Los que capturan al regulador son los que más conocen el sistema, tienen enorme influencia y, de forma orquestada, actúan en la búsqueda de obtener sus propios beneficios.
En el tenor de lo que el Proyecto de Ley postula para la Subsecretaría de Educación, por un lado, una de las amenazas a la autonomía y la libertad es que el regulador (Subsecretario/a) capture a las instituciones (los regulados), imponiendo sus propios criterios sin contrapesos.
Por otro lado, para las IES estatales, el regulador será secundado por los representantes del Presidente de la República (cuotas políticas) en cada uno de los Consejos Directivos (Párrafo 2° Normas para las universidades estatales, Artículo 153 letra a).
Esto último es palpable con la controvertida labor de coordinación: Capítulo III. Contenido del Proyecto de Ley, número 7. Régimen de la educación superior: “En el proyecto de ley se hace explícito el reconocimiento al rol de las instituciones estatales en el Sistema de Educación Superior, definiendo su misión y responsabilidades. Para ello, se propone el establecimiento de una Red con las instituciones de educación superior estatal, coordinada por la Subsecretaría de Educación Superior, que se constituirá en una instancia de articulación de dichas instituciones”.
A la luz de todo lo dicho, advertimos cuatro grandes impactos negativos para la autonomía y libertad de nuestro sistema: 1- La pérdida de autonomía de las universidades estatales. 2- Un bastión de poder desde las universidades estatales para influir en la Subsecretaría de Educación Superior y viceversa. 3- Un acomodo antojadizo y discrecional de las políticas públicas. Y lo más grave 4- Un acoso frenético a las IES privadas. En suma, la defensa de la autonomía institucional y la libertad no se transa. Ambas son pilares que sostienen nuestro sistema mixto de educación superior.