Consulta Ciudadana sobre política de Comercio Exterior de Chile: ¿Cuestión de legitimidad?
Últimamente, hemos visto en distintos medios, información sobre la consulta ciudadana que se efectuará entre los meses de agosto y octubre de 2022, y que dice relación con recoger opiniones del mundo empresarial y la sociedad civil, a fin de modernizar o “actualizar” la política comercial de país.
A su vez, y dentro de los objetivos anunciados por el Gobierno, se encuentra el poder “legitimar” las decisiones del Ejecutivo en materia comercial para enfocarlas hacia el diseño de una política que, -en conjunto con otras áreas- contribuya no solo al desarrollo de mayores niveles productivos, sino que además sea ecológicamente sustentable, promoviendo la inclusión y equidad.
En este contexto, y según la información disponible en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la política comercial actual del Estado de Chile es abierta, competitiva, orientada al libre comercio y sujeta a normas internacionales compatibles con la eficacia y eficiencia en la gestión macroeconómica.
Dicha política ha sido implementada a través de aranceles bajos y parejos, hoy en 6% con la promoción activa de las exportaciones nacionales, con la participación en foros multilaterales y con la suscripción de 28 acuerdos comerciales que abarcan cerca del 90% del comercio exterior nacional.
En este escenario, podemos afirmar también que la política comercial actual en el Estado chileno es coherente con la visión geopolítica nacional que nos muestra como un territorio privilegiado para el comercio hacia el Pacífico con enormes ventajas competitivas en cuanto a costos de transporte e infraestructura portuaria ideal para un comercio abierto.
Por lo anterior, no deja de ser interesante la consulta referida a buscar la “legitimidad” de la actual política comercial nacional a fin de poder modernizarla.
Esta línea de búsqueda nos lleva a la necesidad de “legitimar” los diversos tratados o acuerdos comerciales suscritos y vigentes, cuyo objeto es el de beneficiar con una exclusión o rebaja de aranceles el intercambio de productos originarios de los estados contratantes, dando un tratamiento arancelario preferencial para las operaciones que se realicen entre los países con miras a la promoción, fomento y desarrollo de las actividades productivas privadas de diversa índole.
En palabras simples, nuestra política comercial se basa en dejar de recaudar aranceles de aduanas, obteniendo como recompensa poder ingresar productos desde el exterior de forma más barata y hacer más competitiva la empresa nacional en el exterior.
Si analizamos la definición de legitimidad de la RAE, nos señala que “es todo aquello que tiene la cualidad de legítimo, siendo esto último todo aquello que es justo, cierto, genuino, o verdadero, o también, todo aquello que esta conforme con las leyes”.
Entendiendo los conceptos involucrados, nos cuesta encontrar alguna parte de la política comercial nacional vigente que presente ribetes de falta de legitimidad que haga necesario modernizar o revisar, estando en mi opinión dicha política en línea con la tendencia mundial hacia una mayor integración, lejos de medidas proteccionistas.
En mi opinión, el diseño de una política comercial nacional moderna no pasa -en el caso de Chile- por la búsqueda de legitimar los fines de los tratados, sino más bien por entender la visión país, hacia donde queremos ir, y cómo lo queremos lograr. En transparentar si de acuerdo con la realidad, nuestro país requiere mayores niveles productivos o industriales, de manera que, una vez delineado ese aspecto, poder adoptar la política comercial que esté más acorde con esta visión de país que todos queremos y anhelamos.