¿Qué implicancias tiene el que Los Ángeles haya quedado fuera del plan de descontaminación?

A comienzos de abril, se conoció la decisión del actual Gobierno de retirar el Plan de Descontaminación para Los Ángeles, dejando a la capital provincial de Biobío sin medidas de mitigación para combatir la contaminación durante el invierno de 2018.

Si bien, desde la Seremi de Medioambiente señalaron que están trabajando para superar todas las etapas y poder implementarlo el próximo invierno, la Ingeniera Ambiental y docente de la carrera de Ingeniería Prevención de Riesgos de Santo Tomás Los Ángeles, Janine Zapata, explicó los alcances de dicho plan y lo que implica el que -durante este año- la ciudad no cuente con este proyecto en un periodo tan crítico como son los meses de mayo a julio.

En este contexto, sostuvo que el Plan de Descontaminación para Los Ángeles, surgió -justamente- por la necesidad de brindarle solución a la mala calidad del aire que se estaba registrando en la ciudad durante los últimos 10 años, pero demarcadas sólo desde el 2012 a la fecha.

“Cuando decimos mala calidad del aire, me apoyo en la norma de calidad del aire para el material particulado de tamaño 2,5 micrones por metro cúbico. Este material particulado son partículas muy finas que, al estar en contacto con los seres humanos, son capaces de entrar por el tracto respiratorio y se quedan alojadas en los pulmones”, explicó Zapata.

La experta agregó, además, que este hecho genera enfermedades y eleva la probabilidad de muerte en enfermos crónicos a raíz de problemas respiratorios, especialmente en recién nacidos y personas de la tercera edad que ya no tienen la misma capacidad pulmonar.

“Existe una población vulnerable. ¿Y qué es lo que pasa con ella? Si a los episodios fríos, donde comienzan a brotar todo este grupo de enfermedades respiratorias, le sumamos una mala calidad del aire, llena de material particulado fino que va obstruir la capacidad pulmonar, ¿qué es lo que fabricamos? Fabricamos una multiplicación de enfermos que van a copar la sala de urgencia, los Cesfam, el hospital y van a ser derivados a las salas IRA”, sostuvo Zapata.

De todo este conjunto de cosas, añadió la profesional, surgió la necesidad de que Los Ángeles fuera declarada como zona saturada. Ello, después de un año en el que las dos estaciones de monitoreo de la ciudad comenzaran a registrar -hora tras hora- la calidad del aire, midiendo el material particulado fino de 2,5 que había presente en la ciudad.

Durante el periodo de invierno de 2012, fecha en la que comenzaron a medirse estas partículas, la capital provincial de Biobío sobrepasó -en varias oportunidades- los niveles establecidos en este decreto 12, el mismo que entrega los parámetros de medición y que califica el aire de bueno, regular, con alerta ambiental, pre emergencia y emergencia.

Fue así como, “en estas evaluaciones que hacían los centros de monitoreo, encontraron que -en varias ocasiones- Los Ángeles llegaba a la emergencia y se superaba este valor en época de invierno”, relató Zapata.

A ello, agregó que dicho escenario obligó a los organismos -como el Ministerio de Medioambiente en colaboración con la Intendencia y el Municipio- a generar este plan de descontaminación. Sin embargo, “generar un plan, probarlo y empezar a implementarlo en la ciudad es muy caro: estamos hablando de 50 millones de dólares, pensando en el recambio de estufas, en la subvención de este cambio de estufas, en la subvención para el cambio de microbuses, en las prohibiciones que se generan en poder colaborar con -por ejemplo- las PYMES y las empresas que dependen de una caldera para sus procesos productivos en su prestación de servicios, y en una educación ambiental, entre muchos otros ítems”, enfatizó la docente de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos de Santo Tomás Los Ángeles.

Por otro lado, la Ingeniera Ambiental expresó que esta iniciativa genera muchas otras restricciones que están bien calculadas y van en beneficio de la comunidad. Ello, si se considera que es un plan de descontaminación que, cuya meta, era disminuir los niveles de material particulado en un plazo de 10 años y poder asegurar, de esta forma, un descenso en la vulnerabilidad de los enfermos, considerando que la población angelina respira un aire que -a futuro- bien podría generar algún tipo de daño.

A modo de ejemplo, estas restricciones dicen relación con que ya no se pueden utilizar estufas con una antigua cámara o salamandras; éstas deben ser estrictamente sacadas tanto del comercio como de las viviendas.

Asimismo, “el Estado debería subsidiar hasta un 60% el valor de un recambio de calefactores más eficientes como, por ejemplo, las estufas a pellet. Una de estas -en la actualidad- puede costar entre 600 mil y los dos millones de pesos, según la capacidad, la eficiencia y el confort que la persona quiera lograr en su vivienda”, relató Zapata.

En este contexto, sostuvo que este financiamiento contribuye a mejorar la calidad del aire, considerando que “en la ciudad de Los Ángeles hay alrededor de 45 mil calefactores funcionando y casi 5 mil estufas a leña. Por lo tanto, la inversión que se sugiere es altísima e implicaría dejar de usar las estufas que se utilizan actualmente, que son las de combustión lenta”.

En este contexto, el plan incluiría restricciones de quemas de leña y emisión de humos visibles para situaciones de alera, preemergencia y emergencia un poco más drásticas que en la actualidad.

Un aspecto importante en esta materia es lo que dice relación con todas aquellas empresas que funcionan con calderas ya que deben restringir e invertir en unas nuevas y demostrar eficiencia para poder seguir operando dentro del radio urbano, además del recambio de la locomoción colectiva y restricciones a vehículos particulares.

Situación de alerta

“¿Es difícil lograrlo? Sí ¿Es beneficioso? Sí, muy beneficioso, pero hay que evaluar los costos, reevaluar los plazos de cumplimiento y solicitar un equipo multidisciplinario más grande para poder empezar a prepararnos previamente para el día en que se apruebe ese plan de descontaminación”, relató la profesional.

Zapata relató que, antes de que llegara el plan, bastó con que Los Ángeles fuera una zona saturada para que se adoptaran algunas medidas al respecto como el no poder quemar leña húmeda dentro del radio urbano.

Es más, uno de los objetivos de la fiscalización por parte de las autoridades es medir la leña que se está utilizando al interior de los hogares; “cuando estamos en zona de alerta y superas el 10% de humedad, no puedes quemar esa leña. En cambio, en una situación de preemergencia o emergencia simplemente no puedes ponerle más leña a tu estufa”, expresó Zapata.

Asimismo, añadió que quemar leña se ha transformado en una alternativa de calefacción del tercer mundo y Chile es uno país en vías de desarrollo, por lo que se debe ir mejorando de a poco. A modo de ejemplo, desde hace algunos años, se comenzaron a establecer exigencias respecto a la calidad y tipo de leña que se podía quemar.

En la actualidad, “tenemos una norma de certificación de leña seca pero todavía existe un mercado informal gigante, que cuando se le acaba le van a ofrecer a la puerta y viene húmeda. ¿Usted qué hace? Con la premura, la compra y usa”, relató la experta.

Ahora, ¿qué implicancias trae consigo el hecho de que Los Ángeles haya quedado fuera de este plan de descontaminación?

Frente a dicha pregunta, Zapata sostuvo que Los Ángeles continuará siendo vulnerable a tener episodios críticos de calidad del aire; eso sí, no más de lo que ya se venía registrando mientras este plan ya estaba instalado.

“¿Qué es lo importante acá? Que las estaciones de monitoreo y la gente responsable de dar la información de manera temprana se haga cargo, de que los organismos y entidades que tienen que salir a regularizar y fiscalizar la venta de leña ya lo hayan hecho; la gente compra leña en enero, febrero y marzo. Estamos en abril, ¿habrán hecho el trabajo ya? ¿Cómo aseguramos o motivamos a la gente a que se asegure de comprar leña certificada? ¿lo habrán hecho ya los organismos que tienen la competencia de salir a verificar esta información? ¿hay un registro público de todos los puntos de venta certificada? ¿Por qué no hacemos convenios, por ejemplo? Si se organiza una junta vecinal, ¿Por qué no se hace un convenio con algún empresario de leña certificada, que les rebaje en algún porcentaje, que venda a la totalidad leña y así nos vamos asegurando de que la participación ciudadana es efectiva?”, puntualizó la docente.