Ley de Educación Superior: reformas a “la gran reforma”

Destaca la consolidación de principios como la autonomía de las instituciones, diversidad de proyectos educativos y calidad, pertinencia e inclusión, que pueden darle coherencia a nuestro sistema mixto y orientar su desarrollo. Se ha implementado un nuevo modelo de acreditación obligatoria e integral, basada en criterios y estándares. Asimismo, se corrigieron insuficiencias del anterior marco regulatorio, con una supervisión efectiva de las instituciones sin fines de lucro y se instaló el financiamiento de gratuidad, aliviando la carga financiera de las familias hasta el sexto decil de ingresos, mediante un esfuerzo fiscal de gran magnitud.

Sin embargo, entre los efectos no previstos se observa que la definición legal, los procesos de aseguramiento de la calidad y los mecanismos de financiamiento incentivan un modelo de institución compleja, generando tendencias isomórficas que dificultan la diferenciación institucional y la innovación educativa. Se sobrecargan las instituciones y se restringe su capacidad de respuesta estratégica, lo que pone en riesgo su contribución al desarrollo del país y sus regiones, en un contexto de rápida transformación social y tecnológica.

En tanto, el aporte fiscal directo está basado en inercias históricas que reproducen inequidades entre instituciones y entre el nivel universitario y el técnico profesional. El financiamiento, centrado en la docencia de pregrado, resulta insuficiente para generar desarrollos relevantes en investigación, innovación y vinculación con el medio. Así, el despliegue de la función de innovación en el subsistema TP, requiere de instrumentos específicos de política pública orientados a desarrollar capacidades para articularse con el sector productivo y el ecosistema de I+D+i.

Actualmente el principal riesgo que enfrenta la educación superior es la pérdida de dinamismo y flexibilidad: no es deseable que todas las instituciones repliquen los mismos modelos y apunten hacia los mismos estándares e indicadores. La arquitectura rígida de títulos y grados también necesita ser actualizada, para favorecer trayectorias formativas y laborales flexibles, que respondan a los desafíos actuales del país y a los intereses y necesidades de los y las estudiantes. Es tiempo de evaluar y proponer algunas reformas a la “gran reforma”.

José Julio León
Vicerrector de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad
Santo Tomás

(La Segunda, 15 de septiembre de 2025)