La calidad de la educación es siempre un concepto controvertido, dado que involucra diferentes intereses. Desde luego, la gobernanza de la educación superior debe equilibrar la regulación estatal con la autonomía de las instituciones y la libre elección de las personas. La ley 21.091 -la “gran reforma” de la educación superior- estableció un nuevo modelo de acreditación para asegurar la calidad de las instituciones de educación superior (IES). La acreditación se hizo obligatoria, integral y pasó a ser una condición para acceder al financiamiento de gratuidad.

Dos concepciones de calidad podrían entrar en conflicto en un proceso de evaluación externa: ¿se trata de cumplir los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) o de ser fiel a los propósitos institucionales?

La definición legal de “calidad” favorece una interpretación armónica, ya que las IES deben orientarse a la búsqueda de la excelencia, lograr sus propósitos declarados y dar cumplimiento a los criterios y estándares de calidad, que comenzaron a regir en octubre de 2023. Es decir, la evaluación interna y la externa pueden concebirse como una especie de diálogo en que la institución y los pares externos procuran verificar, a partir de la evidencia disponible, el cumplimiento de los criterios reglados y su concordancia con la misión y propósitos institucionales. Una base fundamental es la operación sistemática de mecanismos internos de aseguramiento de calidad y su capacidad de promover la mejora continua.

La acreditación integral considera la evaluación de todas las sedes, funciones y niveles de una institución, e incluye una revisión de programas seleccionados por la CNA. La muestra intencionada permite verificar la transferencia y equivalencia en la aplicación de las políticas institucionales, procesos y mecanismos de aseguramiento de calidad en los programas seleccionados. El juicio de acreditación se basa en el informe de autoevaluación y el informe de los pares externos, ambos estructurados en función de los mismos criterios y propósitos.

Implementar el proceso de acreditación como un diálogo -reglado, cooperativo, constructivo y basado en evidencias- puede contribuir significativamente a promover la calidad y diversidad de las instituciones y cumplir con los fines de la educación superior chilena.

José Julio León, Vicerrector de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Santo Tomás.

(La Segunda, jueves 5 de septiembre del 2024)