Nuevos desafíos de los derechos de autor y la propiedad intelectual en la educación superior

El 2020 sin duda ha sido un año marcado fuertemente por los cambios que obligó la aparición del Covid-19 en todo el mundo. El mundo académico no ha estado ajeno a todo esto y por ello las instituciones de educación superior han debido atender muchos cambios. De ello trató la charla de Derechos de Autor: “Fortaleciendo los conocimientos sobre Propiedad Intelectual en la Institución”, organizada por la Dirección General de Investigación Aplicada e Innovación y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la UST.

Desde un punto de vista de la capacidad innovadora, la situación de Chile en este ámbito ha tenido una evolución positiva, según el Foro Mundial Económico, aunque sigue habiendo camino por recorrer. En este sentido, las instituciones de formación superior contribuyen al desarrollo social, cultural y económico del país.

Claudio Ossa, Jefe Departamento de Derechos Intelectuales (DDI) del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, comentó en su presentación que “frente a la pandemia, la tecnología ha puesto una serie de desafíos que los podemos transformar en oportunidades”. Describió que esto ha forzado a salir de la relación presencial con los alumnos y -además- son de carácter multitarea (tienen atención en múltiples pantallas y manejan una multiplicidad de medios y plataformas).

“Se espera que tanto las instituciones como las autoridades tengan una participación en la definición de las políticas a aplicar en el uso de los contenidos. Vamos a tener que regular las actividades docentes, las de los bibliotecarios y las de los alumnos”, aseguró el académico. Según esgrimió Ossa, las autoridades de las instituciones de educación superior deben asumir un rol protagónico que requiere su compromiso para la definición de las políticas a aplicar en estas materias. “Es fundamental asegurar la protección de estos derechos, para fomentar las actividades de investigación y desarrollo”, aseguró.

En definitiva, la reglamentación de la gestión de conocimiento dentro de las IES tiene que apuntar a reconocerse como concentradores de capacidades creadoras, que son generadores de activos (más allá de ser consumidores de contenidos de terceros). Junto con ello, es importante reconocer la actividad de investigación que desarrollan sus distintos intervinientes y también que es necesario gestionar estos activos dentro de las normas y marcos regulatorios existentes, además de asumir esta dualidad de ser generadores y consumidores de contenidos.

¿Qué está realizando la UST respecto de la propiedad intelectual?

En 2013 la Universidad Santo Tomás generó un reglamento de propiedad intelectual que ha servido como marco regulatorio. Pero este año fue necesario preguntarse cómo abordar estos aspectos a propósito de la necesidad de implementar clases remotas.

De esta manera, como detalló Ángel Sazo, Jefe de Área Jurídica, Secretaría General Santo Tomás, “en enero elaboramos un diagnóstico de necesidades para identificar lo que la Universidad necesitaba actualmente y levantamos un plan de trabajo para el fortalecimiento de las competencias de propiedad intelectual”.

Este programa se desarrollará a lo largo de todo el año en curso. “Corresponde repensar qué quiere la institución -a la luz de los desafíos actuales, que no son los mismos de 2013- y definir si la institución quiere ser socia de las personas, o proteger la propiedad intelectual creada, entre otros”, apuntó el abogado.

Luego de ello, en octubre, se hará una actualización de las normativas y el proceso concluye en noviembre con la presentación de una matriz de riesgos que permita enfrentar todo lo que viene. Será la Vicerrectoría Académica quien definirá cuál va a ser de ahora en adelante la política institucional frente a la propiedad intelectual, sentenció Sazo.