Raúl Figueroa, Director Ejecutivo de Acción Educar: “Lo fundamental es que existan normas claras sobre cómo deben organizarse las instituciones”

“Lo primero es tener en cuenta que nuestro sistema se ha desarrollado sobre la base de ciertos principios esenciales como la diversidad, la autonomía y la libertad de elección, de forma tal que cualquier reforma que se proponga debe considerar esos principios y potenciarlos. En ese contexto, los principales ejes que debiera considerar una adecuada reforma al sistema de educación superior dicen relación en primer lugar el marco regulatorio del sistema de educación superior, esto es el conjunto de normas que fijan los derechos y deberes de las instituciones, del Estado respecto a esas instituciones y también de los alumnos en orden a lograr un mejor desarrollo del sistema educacional”. Así lo manifestó el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, al ser requerido por el proyecto de reforma a la educación superior.

El personero aseveró, además, que se debe considerar “un segundo eje tiene que ver con el perfeccionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad, para hacer frente a los desafíos del sistema en los próximos años, y un tercer eje dice relación con la estructura de financiamiento, tanto institucional como estudiantil. Todo lo anterior debe realizarse bajo una mirada que identifique aquellos aspectos de nuestro sistema que han sido positivos y también aquellos que requieren mejoramiento”.

Respecto al actual marco regulatorio del sistema de educación superior chileno, precisó que hay que considerar que requiere una actualización atendidas las características actuales de este nivel de estudios, el cual se ha desarrollado fuertemente excediendo las proyecciones que se tenían.

“Hay una necesidad de modernizar nuestro marco legal para adecuarlo a la realidad y desarrollo actual, lo que es distinto a una supuesta necesidad de modificar las características de nuestro sistema, lo que a mi juicio sería un error”.

Reforma Educación Superior: Normas claras y aseguramiento de la calidad

En cuanto al resguardo de la calidad en educación superior Chile, Figueroa afirmó que se ha avanzado. “Tenemos una ley que ha permitido generar una cultura de aseguramiento de la calidad en el sistema que ha sido positiva. Lamentablemente esto ha ocurrido en el marco de ciertas dificultades que el mismo sistema ha tenido, como conflictos de interés que se han revelado entre instituciones y la Comisión Nacional de Acreditación o algunos de sus miembros, ciertos hechos delictuales que se están investigando, y en ese sentido, parece conveniente aprovechar esa coyuntura para revisar y perfeccionar esta área”.

Asimismo, dijo que cabe destacar que parece adecuado que estas medidas sigan un cierto orden. Según el profesional no parece conveniente hablar de los mecanismos de financiamiento sin tener resuelto primero el marco normativo y de aseguramiento de la calidad por el cual deben regirse las instituciones.

“Los tres ejes deben ser coherentes entre sí, pero lo más razonable es que antes de diseñar los mecanismos de entrega de recursos, quede claro el marco regulatorio para que sobre esa base se diseñen los mejores instrumentos para el financiamiento”, enfatizó.

Sobre el tema de calidad, Figueroa expresó que es importante que el sistema de acreditación y de aseguramiento de la calidad resguarde la diversidad de los proyectos educativos y la autonomía que le cabe a las instituciones para que dicha diversidad exista.

“El actual sistema, así como los principales a nivel mundial, se construyen sobre una lógica que resguarda estos principios y lo que hacen es verificar que las instituciones cuenten con las herramientas que hagan posible el logro de los fines que han declarado a la comunidad. Este elemento es positivo y debe mantenerse”, explicó.

A su vez manifestó que “es relevante asegurar la mayor objetividad posible en los juicios de acreditación para evitar arbitrariedades. Los estándares que se exijan no debieran construirse sobre elementos cuantitativos, sino que debieran relacionarse con aspectos generales que las instituciones deben desarrollar, pero sin intervenir o imponer modelos específicos para desarrollar o abordar esos aspectos. Por ejemplo, se puede establecer que las instituciones deben tener adecuados mecanismos de gobierno interno que les permitan cumplir sus objetivos de la mejor manera, pero no debiera el estándar señalar cuál es el mecanismo específico de gobierno interno que una institución debe adoptar.»

«Lo mismo en otras materias como la financiera, el trato con el cuerpo académico o la transparencia. Es importante que las instituciones cumplan ciertos estándares que aseguren que estas materias estén bien tratadas, pero no puede suceder que la norma determine y vulnere la autonomía que a cada institución le cabe, debido a que ella es clave para la diversidad, la innovación y el desarrollo”, agregó

Otro aspecto que se debiese considerar, según el director de Acción Educar, es la internacionalización del sistema de educación superior, incorporándose la alternativa de acreditarse en agencias extranjeras de prestigio.

Gratuidad de la educación superior

«La gratuidad universal en la educación superior no es viable desde el punto de vista económico y tampoco es conveniente”, así lo aseveró Raúl Figueroa, quien dijo que “según nuestros cálculos y los de otros centros de estudio, en régimen esta política tendría un costo fiscal de alrededor de US $4.500 a US $5 mil millones anuales. Se trata de una política muy cara, que se explica en parte porque lo que se propone es que el Estado financie las carreras tanto de los jóvenes de menos recursos, como de aquellos que provienen de familias acomodadas. Esta política prohíbe cobrar aranceles a los alumnos; es decir, será el Estado el que financie, a través del presupuesto fiscal, toda la educación superior, lo que limita el nivel de desarrollo de las instituciones exclusivamente a las variaciones de la política fiscal”.

Añadió que en un escenario como el que vive Chile, donde la economía muestra signos de debilitamiento, y con la inevitable presencia de ciclos económicos, “no se ve factible que el Estado pueda asegurar el necesario financiamiento que necesita la educación superior”.

Para Figueroa “es evidente que este financiamiento implica poner un techo al desarrollo universitario y técnico superior, lo que está lejos de ser lo adecuado porque aunque hemos avanzado en las últimas décadas, aún tenemos un sistema que tiene mucho por crecer en materia de cobertura, calidad, innovación, investigación y competitividad internacional”.

Precisó que es también cuestionable poner la prioridad en la inversión fiscal en educación superior, teniendo en cuenta el impacto que genera en igualdad de oportunidades la educación inicial y porque ello nos alejaría de la tendencia de países más desarrollados.

En educación superior el nivel del gasto público está alineado con los otros países miembros de la OCDE, no así el gasto en educación secundaria, donde se presenta la mayor brecha, o en educación primaria, donde también se observa una diferencia importante.

“La gratuidad universal es además profundamente regresiva, en cuanto destina ingentes recursos a financiar los estudios de los jóvenes de familias acomodadas, que son quienes se encuentran en mayor medida en la educación superior. Por lo tanto, la gratuidad universal, es decir, para todos, significa que el Estado concentrará el gasto en el financiamiento de los estudios de quienes menos ayuda requieren, en vez de enfocar e incluso ampliar los beneficios para aquellos que sí necesitan más apoyo tanto para su educación como para otras áreas. De hecho, los estudios señalan que los alumnos del quintil más rico se beneficiarían 2,5 veces más de la gratuidad universal que los del quintil más pobre”, enfatizó Figueroa.

El profesional expresó que es importante destacar que la gratuidad universal no asegura un mayor acceso de los estudiantes más vulnerables. “Por el contrario, medidas de este tipo podrían restringir el ingreso a la educación superior de este grupo de jóvenes. Es elocuente el caso de Argentina, donde a pesar de contar con gratuidad universal en las universidades del Estado, presenta un acceso de alumnos de escasos recursos que es inferior al de Chile”.

Respecto a la institucionalidad, dijo sobre el marco regulatorio que “lo fundamental es que existan normas claras sobre cómo deben organizarse las instituciones de tal manera de darle certezas al sistema. Se deben despejar y resolver una serie incertidumbres que se ha instalado en el último tiempo. Lo anterior se relaciona tanto con los requisitos que debe cumplir un plantel para crearse, como también para mantenerse en el tiempo”.

En este sentido, para Figueroa se hace necesario discutir, evaluar y despejar si ciertas conductas son o no permisibles en el sistema. “Por ejemplo, considerando la obligación que tienen las universidades de no tener fines de lucro, muchas se han organizado jurídica y económicamente sobre la base de una multiplicidad de instrumentos más o menos complejos dentro del marco de la ley, pero que luego se pusieron en duda, como por ejemplo las transacciones entre personas relacionadas. Un nuevo marco legal tiene que hacerse cargo de esa situación, a mi juicio no prohibiéndolas, pero sí estableciendo que dichas relaciones pueden existir cumpliendo con ciertos requisitos que den certezas de que se están utilizando para el mejor desarrollo de la institución y no, por ejemplo, para extraer excedentes. El marco regulatorio debe perfeccionarse y entregar tranquilidad y estabilidad a los actores para que se sigan desarrollando”.

Becas y financiamiento

El financiamiento estudiantil busca asegurar el acceso a la educación superior de todos los jóvenes con mérito, especialmente los más vulnerables. Chile, aseguró Figueroa, ha avanzado en ese propósito, alcanzando hoy una cobertura que se encuentra dentro del promedio de los países de la OCDE.

No obstante, manifestó que el gobierno, sin un mayor análisis y a pesar de los resultados exitosos que ha generado la política de becas y créditos en cuanto al acceso, “ha decidido descartar este instrumento por razones que no son técnicas, sino que políticas: no son del gusto de un sector de la Nueva Mayoría”.

Por tanto, afirmó que es necesario que en esta materia el debate se centre en los objetivos y en las mejores herramientas para alcanzarlos. Ampliar y mejorar las becas y créditos es un camino apropiado y que se adecua a las características de nuestro sistema. Así lo manifestó la OCDE y el Banco Mundial en 2009 en un informe que emitieron tras una solicitud del gobierno chileno (durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet), donde se establece que es fundamental robustecer el sistema de becas y créditos.