Beatriz Aguirre: “Chile no tiene políticas públicas de protección ni garantía de derechos para la infancia”

Una de las expositoras del “Seminario y Workshop Internacional sobre Maltrato en el Contexto Intrafamiliar: Implicancias Psicosociales y Jurídicas”, organizado por las escuelas de Psicología, derecho y Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás Talca, fue la candidata a Doctora en Estudios Americanos con especialidad en Estudios Sociales y Políticos USACH-IDEA, Beatriz Aguirre.

Ella además es Asistente Social y Magíster en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, desempeñándose profesionalmente en la ejecución y dirección de programas de intervención directa con infancia vulnerada de alta complejidad, así como también en la práctica privada de peritaje judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Ha participado de investigaciones en temas de familia e infancia, ha sido docente en temáticas de intervención social, prácticas profesionales y conduciendo tesis de grado. Participa también como docente invitada al Diplomado de Postítulo en Psicoterapia Sistémico-Narrativa Infanto-Juvenil de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile, donde aborda contenidos relativos a la historia, políticas públicas de la infancia y temáticas emergentes.

¿Cuáles son las principales políticas públicas vigentes para los niños y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar?

“Chile no tiene políticas públicas de protección ni garantías de derechos para la infancia, es el único país de América Latina que desde firmada la convención, no tiene una ley de protección ni de garantía. Lo que tiene son legislaciones específicas para temas específicos, y en materia de maltrato y abuso sexual infantil, tiene legislación en particular de maltrato infantil desde el año 2017, o sea, hace medio minuto, dado que en el año 1994 ya había sido eliminada la tipificación de maltrato como un delito en nuestra legislación. Eso hoy se redefinió en esta nueva ley del 2017, entonces tenemos ley para maltrato, tenemos ley que tipifica delitos sexuales y esos son los cuerpos normativos con los que contamos hoy. Pero política pública, no tenemos”.

¿Qué lugar ocupa Chile al respecto en comparación con otros países Latinoamericanos?

“Un lugar de bastante vergüenza. Estamos muy atrasados en materia de protección de derechos de los niños y eso quedó demostrado con el último informe del comité de derechos del niño donde claramente las Naciones Unidas dan cuenta que Chile está violando sistemáticamente los derechos infantiles”.

¿Qué garantía debiera entregar el Estado a los menores víctimas de violencia intrafamiliar?

“Chile cuando ratifica la convención en el año 90’ se obliga, y no en un acto de buena voluntad ni un saludo a la bandera, a todas las medidas administrativas, legislativas e institucionales que tiendan a la protección de derechos por lo tanto todo lo que tenga que hacer debe hacerlo. Adecuar la institucionalidad, generar presupuesto para institucionalidad nueva, adecuar lo que tenemos que es arcaico e inoperante hoy día para la protección de derechos, debe trabajar en coordinación con los sistemas judiciales que tampoco opera como corresponde ya que hay una excesiva judicialización de estos temas y los niños son sacados rápidamente de una casa por ejemplo y llevados a residencias o programas que no cumplen con los estándares de atención y especialización para temáticas como esta. Tenemos equipos que están sobrepasados por la cantidad de niños que deben atender y además equipos que no tienen las competencias necesarias para atender estas temáticas que son de alta complejidad”.

¿Quiénes son los actores principales en el control y tratamiento de esta problemática?

“El Estado en primer lugar, el Estado chileno es el garante principal de derechos cuando se compromete y firma la convención. El principal responsable de las violaciones a los Derechos Humanos de los niños es el Estado. Creo que hay varias resistencias respecto de lo que significa esta nueva visión de la niñez, resistencias de todo tipo desde políticas e incluso financieras, o sea, cuánto está dispuesto a invertir el Estado chileno en infancia, cuánta disposición política hay para discutir estos temas. Hemos pasado por cuatro proyectos de protección de derechos y ninguna ha visto la luz. Hay resistencias culturales también, como la idea de que el niño es propiedad de los padres, que el niño no puede hablar ni es protagonista de la vida social por ejemplo”.

¿Cuáles son los riesgos para los niños que sufren violencia intrafamiliar y no reciben ayuda?

“Cualquier situación de violencia genera impacto en el desarrollo normal de un niño, altera el desarrollo emocional, psicológico y físico de un niño y todas las potencialidades que un niño pudiera desplegar naturalmente se ven mermadas por situaciones de violencia que en el fondo lo único que significa es que hay un abuso de poder de otro respecto de esa persona que consideramos vulnerable. No podemos seguir mirando este tema como algo que le pasa a los niños más pobres porque el tema de la violencia es transversal socialmente, para nosotros es más evidente cuando está asociado a situaciones de pobreza porque es lo que aparece y lo otro sigue manteniéndose en el espacio privado”.

¿Cuál es el grado de recuperación de aquellos niños que sí reciben la ayuda adecuada?

“No podría dar una cifra, pero confío en la plasticidad de los niños. Ellos son flexibles, permeables y resilientes, entonces la capacidad de recuperación es mucho más alta en un niño que en un adulto cuando vive estos episodios”.

¿Cree que estas instancias académicas puedan servir para promover políticas públicas en este ámbito tanto creándolas como socializando lo que ya existe?

“Creo que son súper necesarios en la medida que ponemos sobre la mesa estos temas, dejan de estar centrados o escondidos en el espacio de lo privado. Hace mucho rato que la violencia intrafamiliar dejó de ser una cuestión al interior de la familia y pasó a ser un tema público. Por lo tanto cualquier cosa que se haga para poder visibilizar estos temas, van a ir en beneficio de poder detener las situaciones de violencia por un lado, pero también de poder problematizar y hacernos cargo porque en definitiva si bien es el Estado el garante principal, todos nosotros somos corresponsables de esa garantía”.