Minería en Chile: Visión de futuro, oportunidades y regulación

En ciertas ocasiones decimos que Chile es un país minero, lo que por cierto no se encuentra ajeno de la realidad, haciendo desde luego la prevención de que dicha expresión obedece más bien y normalmente a una visión parcial limitada al conocimiento de que nuestro país ha sido dotado generosamente por la naturaleza en cuanto a la existencia de recursos minerales. Pero en realidad poco sabemos o conocemos acerca de minería, de su regulación y de los desafíos o amenazas que la actividad enfrenta en lo económico, jurídico, social, ambiental e incluso político y de la trascendencia que ello significa para el crecimiento económico.

Asimismo, en los últimos cuatro años pudimos observar una tendencia a la baja dentro del ciclo del precio del cobre con algunas leves alzas en el último tiempo y de cómo en alguna medida aquello significó un ajuste en la elaboración del presupuesto nacional, en un país en el que, en gran medida, se depende aún de manera importante de este recurso. 

Con todo y de manera afortunada en la tercera semana de agosto hemos presenciado un repunte en la cotización del cobre que alcanzó los US$3,0 la libra, significando su mayor valor desde el año 2014, lo que de alguna manera nos obliga a replantearnos cuál será la mirada que como sociedad daremos a la actividad minera en lo futuro. Se presenta así una oportunidad propicia para ello, por cuanto además del mencionado ciclo a la baja del precio – y que por cierto aún no podemos dar por completamente superado-  la actividad se vio influenciada también por otras circunstancias internas referidas a algunas incertidumbres regulatorias en áreas no propiamente mineras, pero que sí inciden en el incentivo de la inversión en este sector, impactando actividades como la exploración minera.

En este escenario, es necesario contar con una visión o política de Estado en torno a la actividad minera de mediano y largo plazo. En otras palabras, preguntarnos si queremos obtener el mejor provecho de la riqueza mineral. De esta manera, si, por ejemplo, observamos el sector Energía, podremos constatar que a diferencia de lo que ocurre en el sector minero, ésta área sí cuenta con una política pública energética denominada 2050, lo que permite la actuación de todos -incluido el Estado- con una clara hoja de ruta.

El tema no es menor, pues debemos preguntarnos como país ¿qué es aquello que queremos y esperamos de la minería? Y por lo mismo, ¿qué podemos ofrecer también como país a esta actividad como forma de generar sinergias? En ese sentido conviene señalar que Chile cuenta con una clara regulación minera, que garantiza el derecho de propiedad sobre las concesiones mineras, que goza de protección constitucional y que se erige sobre sólidos principios, lo que otorga al inversionista y al minero propiamente tal seguridad jurídica, tan necesarias a la hora de adoptar decisiones económicas. Con todo, conviene prevenir que aquello ha tenido su origen en una época en que la legislación minera no colisionaba con otras áreas que con el devenir del tiempo fueron surgiendo y cobrando cada vez mayor importancia.

Por tanto, es un desafío e imperativo que la regulación minera deba dialogar con las demás leyes que confluyen en torno a un proyecto minero. Dentro de ellas, conviene referirse especialmente a la normativa medioambiental, de forma que -sin renunciar al legítimo interés social de proteger el medio ambiente- podamos al mismo tiempo evitar que ésta llegue a convertirse a la vez en un freno innecesario a la actividad minera. Precisamente en este tema, ha acontecido como noticia por estos días la confirmación por parte del Comité de Ministros del rechazo de un significativo proyecto de mineral de hierro en la IV Región de Coquimbo, luego de tres años de tramitación en una decisión que algunos consideran de carácter político. Aquello pone sobre la mesa entonces la necesidad de discutir también una probable y necesaria revisión de ciertos aspectos de la institucionalidad ambiental en materia de evaluación de proyectos, de manera de ver en qué medida pueden depurarse las evaluaciones ambientales de los proyectos de consideraciones netamente políticas, lo que deberá ir de la mano de una Política Minera Nacional, tarea que se encuentra hasta el momento pendiente por parte del Gobierno.