La política de convivencia escolar, surge como alternativa para que se comprendan los diversos factores que intervienen en las relaciones sociales de los contextos educativos y para brindar las garantías para una educación en términos de derecho, explica Rocio Millar, docente de la carrera de Psicología en Universidad Santo Tomás sede Puerto Montt.

La violencia escolar, el abuso  y el bullying son formas de entender y clasificar un fenómeno social de interés, que ha generado gran cobertura mediática. Sobre todo porque las últimas semanas los medios de comunicación han informado de algunos eventos vinculados a esta materia, asociados al suicidio de jóvenes estudiantes, al porte de armas  y amenazas con ellas dentro de los establecimientos escolares.

Así lo detalló la docente de la carrera de Psicología, Rocio Millar, quien agregó que los contextos escolares son escenarios complejos, en el que la diversidad es el marcador de diferenciación de muchos aspectos entre estudiantes, profesores, normativas, reglas, entre otras cosas, lo que torna que la convivencia se vuelva también compleja.

“La política de convivencia escolar, surge como alternativa para que, en primer lugar, se comprendan los diversos factores que intervienen en las relaciones sociales de los contextos educativos y además, para brindar las garantías para una educación en términos de derecho, es decir, apela al cumplimiento de los derechos humanos fundamentales; derecho a la educación, al aprendizaje con enfoque integral potenciando las capacidades de las comunidades educativas”.

Idealmente, explica la profesional, éstas políticas y planes en torno a la convivencia escolar, debieran ser comprendidas no sólo como un marco de acciones concretas frente al fenómeno de violencia, el abuso y el bullying, sino que debieran abordarse como un fenómeno de origen social, es decir, en base a entender que las sociedades, en general, se configuran de una manera compleja y que los sistemas educacionales forman parte del gran sistema social y que contiene, a pequeña escala, las mismas características.

En la práctica, la política y los planes en convivencia escolar, se materializan en acciones concretas, que tienen la característica de ser sólo reactivas, es decir, dan cuenta de la presencia de actos de violencia, de acoso o de bullying cuando ya han sucedido y de acuerdo a ellos se toman acciones, dependiendo de la gravedad. Esto ocurre porque no existen canales eficientes que puedan identificar las distintas formas en que se manifiesta la violencia escolar.

“El sólo hecho de asumir el problema de la violencia, en general, como algo particular que se manifiesta individualmente, es decir, en un sujeto (o aisladamente), niega la posibilidad de ésta mirada global y estructural. Por lo tanto,  es necesario dar cuenta, por ejemplo, que en los contextos educacionales, así como en la sociedad, existen relaciones desiguales de poder, que podrían ser la razón de la presencia del abuso o del bullying, que son imposibles de resolver a partir de la mediación. Además, es necesaria una mirada global que incluya las perspectivas de la comunidad escolar en base al conocimiento de lo que ocurre a nivel social para luego localizar los fenómenos de violencia en los establecimientos”.