Casos de corrupción: ¿una estrategia para defraudar?

Vemos a diario a nuevas investigaciones a fundaciones, antes desconocidas, en diversas regiones del país, que no tienen la experiencia acreditable en el área ni un objeto que lo justifique, y que reciben grandes sumas de dinero del Estado. Chile cuenta con una normativa legal de protección para malas prácticas e incluso para situaciones de corrupción, con normas potentes y claras, y que deben dar lugar a sanciones si efectivamente hay delitos que sancionar.

Llama la atención que no se ponga el acento en una figura concertada para obtener ilegítimamente recursos, dado que la misma forma de operar está presente en varias regiones; esto nos llama a ver que no son casos aislados, sino que podríamos estar frente a una estrategia para generar recursos, lo que es más grave, ya que no sólo hay un atentado a normas de probidad, sino un delito con la intención de defraudar.

Es poco creíble que se acepte a un proveedor, por más fundación que sea, que no tenga experiencia acreditable, que no garantice su obligación, y que tenga un objeto distinto del que se requiere para contratarlo. No se hace necesario un curso de capacitación cuando un mero criterio de razonabilidad y de ética en el actuar indica que si vamos a contratar a alguna persona natural o jurídica al menos deba tener objeto y experiencia necesaria para efectuar el servicio.