Maltrato estructural hacia el Adulto Mayor
La Política Nacional para el Adulto Mayor tiene por misión lograr un cambio cultural de toda la población sobre la valoración y trato hacia los Adultos Mayores, lo cual implica una percepción distinta sobre el envejecimiento y alcanzar mejores niveles de calidad de vida para todos los Adultos Mayores.
Se observa en los últimos años un incremento de las tasas de envejecimiento en nuestra población, por lo que la defensa de los derechos de nuestras personas mayores es una tarea que no sólo se basa en la responsabilidad social, que como ciudadanos debemos tener hacia los otros, sino que también en la comprensión de que cada uno de los miembros de la sociedad somos sujetos de derecho.
En el Estudio de Recopilación, Sistematización y Descripción de información estadística disponible sobre Vejez y Envejecimiento realizado en Chile el año 2011, se evidenció el aumento sostenido de dicha población, estimándose que al año 2050 los adultos mayores alcanzarían al 28,2% de la población del país, resultando particularmente destacable el aumento de la proporción de mayores de 80 años.
El mismo estudio evidenció que prácticamente el 80% de los encuestados opina que Chile está poco o nada preparado para enfrentar las problemáticas asociadas a este grupo etario, como salud, pensiones y programas sociales, debilidad que se percibe más en los niveles socioeconómicos más bajos.
Maltrato a Adultos Mayores
Es en este contexto que surgen las distintas formas de maltrato hacia las personas mayores de nuestro País. Si bien no existe acuerdo absoluto en la conceptualización y tipología de este, se ha alcanzado un relativo consenso en cuanto a que constituye un fenómeno multicausal y complejo.
Algunos de los tipos de maltrato identificados son el físico, el psicológico, el espiritual, el sexual y el patrimonial. Existe igualmente el maltrato estructural, que es aquel que ocurre desde y en las estructuras de la sociedad, mediante normas legales, sociales, culturales y económicas que actúan como trasfondo de todas las otras formas de maltrato existentes.
Es así que a nivel nacional uno de cada tres ancianos sufriría algún tipo de maltrato y esta situación cruza todos los estratos socioeconómicos. De ese grupo, sobre el 60% no denuncia porque no puede o no sabe hacerlo; en efecto, los datos de Carabineros de Chile indican que las denuncias por violencia intrafamiliar en que la víctima es un adulto mayor escasamente superan el 1%.
Hay que establecer medidas
Diversas iniciativas en el marco de derecho internacional y nacional han hecho énfasis en la relevancia de las acciones de protección hacia las personas mayores, pero no necesariamente logran la efectividad necesaria. Se requiere que la organización del país incluya condiciones de contexto económico, administrativo, jurídico y político para conseguirlo.
Se deben entonces establecer medidas judiciales que permitan respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las personas mayores como grupo específico vulnerable, respondiendo con condiciones de infraestructura, alimentación y salud óptimas. Ejecutar además programas pertinentes a las necesidades de desarrollo laboral, favoreciendo una población de personas mayores más auto-valentes, otorgando las condiciones para generar alguna actividad productiva que respete vocación e intereses.
Se requiere también estimular instancias participativas y de organización social destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos, donde estos mismos, como beneficiarios, mantengan relación con las decisiones que se establecen de parte del Estado, en función de los programas a desarrollar, así como de la confección de las políticas públicas.
A su vez, se necesita una organización de servicios públicos, privados y organizaciones no gubernamentales articulados, donde se resguarde la promoción de sus derechos en distintas esferas sociales, favoreciendo la comunicación e información de las condiciones de vida que las personas mayores requieren para su óptimo desarrollo y bienestar.
Es necesario destacar, que los problemas y situaciones que viven los Adultos Mayores no se solucionan o superan sólo con la acción de los gobiernos o las instituciones, ni mucho menos la simple ejecución de programas. Así, parte importante de la problemática del Adulto Mayor debe ser resuelta por la propia comunidad y, muy especialmente, al interior de la familia, la cual debe ser ayudada en esta tarea por toda la sociedad.
Este cambio social debe estar basado en la equidad, para así superar desiguales posibilidades de desarrollo, fomentar la producción de bienes y servicios, de la creación de espacios sociales y culturales, Incentivar la formación de recursos humanos en el área, crear acciones y programas de prevención, focalizar los subsidios estatales en los sectores más carenciados.
También desde la solidaridad, fortaleciendo la responsabilidad intergeneracional en la familia y comunidad, reconociendo la autovalencia de las personas mayores y su derecho a un envejecimiento activo, privilegiando la realidad en el ámbito regional y local, y mejorando condiciones de seguridad social considerando un enfoque de género y de pertinencia cultural.