Chile: Pensiones, reformas y polémicas
La seguridad social, es aquel campo del bienestar social -generalmente en manos del Estado- referido a la protección social y la cobertura de necesidades básicas como salud, vejez o discapacidades, siendo el sistema de pensiones una de sus piezas fundamentales.
Se trata de una realidad relativamente nueva en la historia de la Humanidad, cuyo origen se remonta a fines del siglo XIX, primero en los países desarrollados y luego en el resto del mundo, implándose con fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial tras el surgimiento de la Sociedad del Bienestar, entendiéndose – al día de hoy – como un derecho social institucionalizado.
Chile fue el primer país latinoamericano que tuvo una política pública de previsión social, bajo un sistema de reparto (1924), que se mantuvo sin grandes cambios hasta 1980 cuando producto de su inviabilidad económica se migra hacia un sistema de capitalización individual creándose las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
A casi 40 años de su puesta en marcha, la realidad de las pensiones ha puesto en tela de juicio al sistema en su conjunto. El surgimiento de voces disidentes que cuestionan la legitimidad del modelo, que aunque sin propuestas técnicamente factibles de por medio, propugnan derechamente su desaparición.
Así mismo, el descontento y la movilización ciudadana, han obligado al Gobierno a hacerse cargo de la materia, pero también las AFP’s han acusado el golpe y desplegado esfuerzos, algo tardíos a mi entender, por explicar mejor a sus afiliados las ventajas del sistema y la defensa de las acciones realizadas en pro de ajustarse a las crecientes demandas ciudadanas. Debate que se ha visto acrecentado dado el actual contexto pre-electoral que vivimos.
Para el Ejecutivo esto se ha transformado en un dolor de cabeza que se manifiesta en señales erráticas al respecto, primero con una promesa de campaña de una AFP Estatal que no se cumplió, luego creando una Comisión Asesora Presidencial Sobre el Sistema de Pensiones cuyo informe final no fue del todo gusto del Gobierno y, más recientemente, impulsando una reforma del sistema previsional de las instituciones armadas.
En lo concreto, se ha ingresado un proyecto de reforma a tramitación, que significa el incremento de un 50% en la cotización individual del trabajador (5% adicional sobre el 10% actual), lo cual es aceptado por todos, pues no es ningún secreto que este mayor ahorro significará un aumento en las pensiones.
Sin embargo, lo que no logra generar acuerdos es el destino de estos nuevos recursos, pues se propone que casi la mitad vaya a financiar un ahorro colectivo dejando de ser propiedad del trabajador transformándose en un impuesto que tiene como base tributable el ingreso del trabajador asalariado y, según algunos más extremos, en una expropiación a la clase media, quienes pagarán más en términos relativos que la clase alta y recibirá menores beneficios.
Por otro lado, si se trata de considerar la opinión de los cotizantes, el 71% de ellos expresa que este aporte adicional debería ir íntegramente a su cuenta individual. En definitiva, se trata de una iniciativa de gran envergadura que debe analizarse muy seriamente y considerar tiempos de discusión pertinentes que exceden con creces los plazos electorales.
Más allá de las presiones del momento, y lo que suceda en el futuro al respecto, es de esperar que el diálogo y la razón den lugar a los entendimientos necesarios que permitan construir un sistema previsional sustentable que dé acceso a pensiones más dignas y equitativas a todos nuestros conciudadanos.